Dirigentes y técnicos de la Corporación Eléctrica del Ecuador y de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair comparecieron el 24 de septiembre ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que realiza una auditoría de la obra, para informar sobre su estado.
Se dio a conocer que se han detectado más de once mil fisuras desde antes del inicio de las operaciones y siguen apareciendo en los distribuidores de la central emblemática del Gobierno de la Revolución Ciudadana, que adjudicó el contrato a la empresa china Sinohydro, sin licitación ni concurso de precios.
Técnicos de la empresa subcontratista Habin revelaron que dichos componentes llegaron ya con fallas de fábrica y la Consultora alemana que realizó el escaneo de los distribuidores advirtió que, además, han sufrido deformación por los siete procesos de soldaduras a los que han sido sometidos.
El Colegio de Ingenieros Mecánicos de Pichincha considera que este grave problema se debe a que el acero utilizado no es el adecuado y que ante tantas soldaduras puede haber perdido sus propiedades originales, por lo que se deben reemplazar todos los distribuidores, con costo aproximado de 200 millones de dólares, trabajo que bien podrían y deberían efectuar profesionales ecuatorianos.
La cuestionada central, que costó 2 714 millones de dólares, fue recibida provisionalmente por Celec en 2016, luego de la inauguración, previo visto bueno del consorcio mexicano CFE-Pypsa-CVA-ICA, que percibió 128 millones por la fiscalización de la obra, pero ahora dicho ente mantiene un litigio judicial con la Corporación Eléctrica, cuyo gerente, Gonzalo Uquillas, enfatizó en la Asamblea que, mientras no se solucionen satisfactoriamente los defectos de construcción, no se hará la recepción definitiva, para lo cual se ha ampliado nuevamente el plazo esta vez hasta finales del 2022.
Todo esto trae a la memoria que, tras una serie de estudios, el entonces Instituto Ecuatoriano de Electrificación planteó antaño, la construcción de una central hidroeléctrica de 800 megavatios en Coca Codo, pero en la Administración Correísta se decidió ampliar el proyecto a 1.500 MV, con los resultados que están a la vista. En ningún momento se obtuvo la potencia máxima prevista y desde antes que entre en funcionamiento ese complejo hasta ahora se han ejecutado reajustes y reparaciones tras reparaciones, con los consiguientes apagones, que han ocasionado pérdidas al país por ocho millones de dólares.
También se han gastado aproximadamente cien millones de dólares en obras complejas que han ejecutado varios organismos del Estado, para aplacar los daños ocasionados a vecinos de esa zona ubicada entre las provincias nororientales de Napo y Sucumbíos, y evitar nuevas interrupciones de oleoductos, carretera, etc., por la erosión regresiva del río Coca y, en especial, para proteger la central hidroeléctrica más grande y problemática del país.