La investigación por la carnetización de Alianza País (AP) en Guayas se archivó antes de que empiece en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Las denuncias, según el ente, no cumplieron con los requisitos formales, tal como lo establece la Ley.
Los denunciantes pueden presentar nuevamente el trámite cumpliendo al pie de la letra los requisitos y aguardar a que el Contencioso dé paso.
Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral no necesita esperar a que eso ocurra para aclarar a la ciudadanía, a los electores, si hubo o no un mal uso de recursos y bienes públicos en ese caso.
El artículo 25 de la Ley Orgánica Electoral, inciso 5 le da la competencia de control en los temas referentes a la propaganda o el gasto electoral.
Sería un gesto de transparencia por parte del CNE y de confianza en momentos en que el país se prepara para un nuevo proceso de elecciones generales.
Más aún porque los asambleístas involucrados en el caso han reconocido públicamente que la carnetización se hizo en el mismo sector donde se instaló una Feria Ciudadana del Gobierno.
Ahí se ofertaron bienes y servicios de las instituciones públicas, al tiempo que se recogieron firmas para engrosar la lista de adherentes del oficialismo.
Marcela Aguiñaga, directora de Alianza País en Guayas y vicepresidenta de la Asamblea Nacional incluso dijo que fue una “coincidencia” el que dos actos se hayan hecho el mismo día y en el mismo sector.
Hay fotografías que los ubican en el sitio y que se adjuntaron a las denuncias presentadas en el Contencioso. Además de un audio donde se invita a la gente a participar en la feria y en la carnetización.
Si bien las personas de AP señaladas negaron que ese audio haya sido producido por ellas, lo que ahí se anunciaba (la feria y la carnetización) ocurrió. Los electores esperan una respuesta del CNE.