En 1999, el Dr. Luis Hidalgo López, excontralor independiente, publicó su libro ‘La Telaraña Legal’. Muchos quedamos sorprendidos al conocer la vigencia de tanta ley, reglamento y normas jurídicas que, en lugar de facilitar, entorpecían la actividad y el progreso del ciudadano común.
La telaraña ha crecido en esta época, en dimensiones que asustan: hay normas para todo y para todos que, en lugar de facilitar una vida jurídica normal, enreda todo y es rémora.
Citamos un ejemplo: un ciudadano compró en un almacén. Ese negocio fue cerrado. De su crédito quedó pendiente un pago de 91,67 dólares. Cerrada la entidad comercial, se ha emitido un título de crédito coactivo con el cual los 91,67 dólares se han multiplicado a 326,03, por intereses, “costos operativos”, interés de mora de la coactiva, gastos procesales y honorarios del impulsor. Esto, en la parte económica.
Además, se ha ordenado prohibición de enajenar los bienes, comunicando al Registro de la Propiedad; a la Agencia Nacional de Tránsito, impidiendo la venta de vehículo; a la Superintendencia de Bancos, sobre el manejo de cuentas; y a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que tiene que ver con las cooperativas.
El ciudadano debe dedicarse a levantar las prohibiciones, luego de pagar los 326,03. Él no es millonario, ni es rico, ni caretuco: es uno más de la clase media.
Las entidades que reciben impuestos son numerosas. Ejemplo: el dueño de un automóvil de valor mediano, a la hora de matricularlo debe pagar: impuesto ambiental, “tasas sppat” (antiguo soat), impuesto a la propiedad, impuesto de rodaje, tasas ANT (al tránsito), revisión vehicular. El Estado recibe 139,92 y la diferencia va para otras entidades que, a la hora de beneficiarse con los impuestos a la matrícula, aparecen cual moscas en la miel. Por el escaso precio del vehículo, es fácil concluir que su dueño no es millonario, sino uno más de la clase media.
Finalmente: la telaraña no deja disponer de lo propio, pero sanciona con multas y contribuciones. Ejemplo: el dueño de un terreno pequeño, desde hace cinco años gestiona en el Municipio de Quito la liberación de su propiedad que, por una Ordenanza según dicen, por aquel predio debe “pasar” una nueva vía. Seguramente está en el papel, pero en la realidad no hay ni asomo de tal vía.
Rige la prohibición de construir; no conceden permiso para el cerramiento, pero el I. Municipio le cobra multa por lote sin construir, impuesto predial; y lo que origina desazón y protesta, un impuesto por “mejoras al sector”. Es obvio concluir que este ciudadano tampoco es millonario, ni rico, ni caretuco: es una persona de clase media.
La clase política se desgañita proclamando su afán de beneficiar a los pobres y a la clase media. Ninguno se preocupa de la telaraña legal y tributaria que los empobrece.
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