En estos días se realiza en Quito la Conferencia Mundial sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Habitat III.
Uno de temas claves de esta cita mundial es la aprobación de la Nueva Agenda Urbana (NUA), la cual será la hoja de ruta que orientará los esfuerzos de desarrollo de las ciudades y territorios subnacionales para los próximos 20 años. En gran objetivo de esta nueva agenda es conseguir que las ciudades sean mayormente sostenibles, resilientes, seguras e inclusivas.
Tarea ardua cuando se constata que en América Latina el 80% de la población vive en ciudades. 104 millones de personas viven en asentamientos informales, la mayor parte en condiciones de pobreza y desigualdad.
La Nueva Agenda Urbana recoge los aspectos no resueltos de la anterior agenda (establecida en la conferencia Habitat II, realizada en Estambul en 1996) pero incluye los nuevos y futuros desafíos que deberán enfrentar los gobiernos de las ciudades en particular.
Pero para ello no es suficiente fijarse como objetivo tener urbes más sostenibles, resilientes, seguras e inclusivas. Es importante que esto vaya acompañado del modo o de la manera cómo podría conseguirse esto. Aquí juega un papel fundamental la política, el liderazgo, la planificación, los sistemas de seguimiento y evaluación de la gestión, la participación ciudadana… Pero, más que nada, nuevos modelos de gobernanza.
¿A qué me refiero? A una forma diferente de relacionamiento entre gobiernos locales y nacionales, pero también con la sociedad civil, líderes locales, sector privado, productores, comerciantes, academia, organismos multilaterales. Este relacionamiento no implica solamente participación en la definición de prioridades de desarrollo sino también un mayor articulación entre diferentes los diferentes actores.
Muchos de los problemas que tienen los Estados podrían resolverse de mejor manera a nivel local. No me refiero únicamente a los graves problemas que tienen nuestros países en inseguridad, pobreza, marginalidad y exclusión social, desigualdad. La generación de empleo, el crecimiento inclusivo, la migración interna y externa o el cambio climático son ámbitos en los que también podrían intervenir los gobiernos subnacionales, reformando el marco jurídico y las competencias que tradicionalmente les han sido atribuidas, así como demandando mayores recursos.
Las ciudades pueden y deben dar respuestas a los retos globales. De allí que sea indispensable repensar en nuevos modelos de gobernanza donde se reconozca el papel de las ciudades. Es decir, estos nuevos modelos de relacionamiento van a ser claves para poder avanzar en los ejes de la Nueva Agenda Urbana (NUA) como es el aseguramiento de los derechos humanos de las personas y el cumplimiento de la ley, garantizar un crecimiento inclusivo, empoderar a la sociedad civil, etc.