Organizaciones de periodistas y medios independientes acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar la hostilidad del Gobierno ecuatoriano y advertir los peligros que corría el ejercicio de un derecho fundamental, el derecho a la libertad de expresión. La Comisión convocó a los delegados del Gobierno y la prensa a una audiencia que será inolvidable, para unos y otros, porque allí se exhibió un video que resultó prueba irrefutable. Los ataques de la delegación gubernamental a la prensa solo confirmaron la veracidad de las denuncias.
Ciudadanos particulares acudieron a la Comisión, después de agotar todas las instancias nacionales, a reclamar justicia. La Comisión se tomó su tiempo antes de llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la Corte se tomó también su tiempo pero, finalmente, dio un fallo favorable y el Estado ecuatoriano se vio obligado a la reparación.
Para casos como estos se creó el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; para que los ciudadanos tengan a dónde acudir cuando sean víctimas de abusos del Estado o del Gobierno porque, entre nosotros, no hay diferencia. Cuando gobiernos autoritarios manejan la administración de justicia, como ocurrió en las dictaduras del Cono Sur, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la única esperanza.
Si se piensa que la Comisión de Derechos Humanos “atenta contra los derechos de los Estados”, como argumenta el Gobierno ecuatoriano, tenemos que preguntarnos dónde están los pájaros y dónde las escopetas, porque corremos el riesgo de convertirnos en ciudadanos indefensos. Ecuador ha firmado todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, es cierto, y eso no es argumento para despojarnos de la protección del sistema interamericano sino para perfeccionarlo. “Todos sabemos que el que financia impone las condiciones” dice el Gobierno, y luego ofrece pagar las cuotas de otros países, ¿para que funcione la Comisión o para imponer las condiciones? El argumento de fondo es que la Comisión se ha arrogado la facultad de dictar medidas cautelares que le corresponden a la Corte. La mayoría de los países le han dado esa facultad y es lógico porque un caso puede tardar tres o más años y las lesiones que el Estado causa a los individuos pueden ser irreversibles. La defensa genuina de los derechos humanos debería llevarnos a perfeccionar el sistema como propone el Dr. Franklin Moreno, otorgando a cada ciudadano la facultad de acudir directamente a la Corte Interamericana, sin pasar por la Comisión ni por el Estado como ahora. También está llena de razones su aseveración de que “la supremacía de los derechos fundamentales está por encima de la voluntad de los gobernantes” y, en consecuencia, según dice, no deberían proponer cambios en el sistema sin pasar por una consulta popular.