Marco Arauz

‘Cirugía mayor’ sin quirófano

valore
Descrición
Indignado 5
Triste 0
Indiferente 1
Sorprendido 1
Contento 52
Domingo 16 de diciembre 2018

marauz@elcomercio.org

Hacen mal en preocuparse demasiado quienes interpretan como un duro revés para la administración de justicia el hecho de que la Interpol no haya incluido en su lista de difusión roja al expresidente Correa, como lo pidió el magistrado que lleva la investigación del caso Balda.

En la práctica, es difícil que un político entre en esa lista. Incluso hay empresarios sobre quienes pesan procesos judiciales que no han sido incluidos. Los 14 ecuatorianos que aparecen en el sistema son buscados por delitos como el asesinato y el homicidio, la posesión ilegal de armas, el narcotráfico y el robo.

Hay que esperar con santa paciencia lo que dictamine la justicia sobre la supuesta participación del expresidente en el secuestro de Fernando Balda en Bogotá. También hay que ver qué camino sigue la indagación sobre la muerte del general Gabela por sus denuncias sobre la compra de los helicópteros Dhruv.

Aparentemente, tampoco había que preocuparse de que la fiscal General encargada, Ruth Palacios, haya acogido el pedido de indagación por supuesta usurpación de funciones contra el contralor subrogante Pablo Celi y el ex fiscal encargado Paúl Pérez Reina.

El viernes, la funcionaria pidió archivar el caso tras las diligencias iniciales. Queda pendiente la decisión del juez, pero hay que estar conscientes de que si el pedido prospera, puede echar por tierra el frágil andamiaje de la reinstitucionalización. El entrabamiento afectaría no solo a los dos personajes sino a todo el proceso para cumplir el mandato de reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana para que evalúe el desempeño de las autoridades de control y las designe.

Ante la ausencia del ex fiscal Carlos Baca, el encargo le correspondía a Pérez, tal como hoy, tras su salida, le corresponde a Palacios. En cuanto a la Contraloría, le correspondía la subrogación a Celi, ante la ausencia de Carlos Pólit. La usurpación que se alega en la denuncia con piola no aparece por ninguna parte.

De lo que sí hay que preocuparse es de la debilidad que acusa una institución básica en la anunciada ‘cirugía mayor’ como es la Fiscalía General. El fortalecimiento anunciado por Baca se quedó en los papeles. Decisiones administrativas como el nombramiento de 24 fiscales dependen de la Judicatura y hay necesidades insatisfechas en materia de peritos.

También se menciona la necesidad de contar con más recursos para responder a la expectativa ciudadana creada no solo en cuanto a los casos emblemáticos sino a los que se acumulan todos los días: 900 en este año.

La ralentización es un hecho, y pesa la inestabilidad por las subrogaciones, a la espera del Fiscal definitivo en unas seis semanas. ¿Qué fuerzas siguen moviéndose en el quirófano y por qué a los cirujanos les tiembla el pulso? Estamos ante un problema de Estado. Todo lleva a pensar que en estos días no habrá cirugías; a lo mucho, alguna por empacho.