Una de las principales ofertas de campaña del presidente Lenín Moreno fue un combate frontal y decidido en contra de la corrupción. En su discurso de posesión habló de practicar una “cirugía mayor a la corrupción. La de ahora, la de ayer y que le podría venir”. Luego de que han transcurrido los primeros 100 días de gobierno, Moreno no se ha quedado en el mero discurso y ofrecimiento. Ha dado pasos contundentes en este aspecto.
Ahora que la fiscal Diana Salazar ha encontrado indicios de responsabilidad penal de parte del vicepresidente, vemos que la acción emprendida por Moreno de retirarle las funciones no fue algo apresurado.
Sin embargo, no dejamos de preguntarnos si esta “cirugía mayor” de la que hablaba Lenín Moreno ha empezado y si efectivamente irá hasta las últimas consecuencias. Las dudas permanecen latentes, sobre todo cuando constatamos que en estos 10 años de correísmo se impulsaron una serie de cambios y transformaciones que sirvieron para consolidar la impunidad y la corrupción.
El hecho de que el Ecuador esté entre los tres países más corruptos de América Latina no es gratuito. Y esto no se debe a la mala suerte de tener gobernantes y funcionarios carentes de moral. Más que un problema de este tipo, durante el correísmo existió una clara intención de debilitar las reglas de juego para facilitar actos corruptos.
Todo esto comienza con la misma Constitución de Montecristi. El reemplazo de los términos Estado de Derecho por Estado constitucional de derechos. La inclusión del quinto poder y sus atribuciones para manejar los procesos de designación de autoridades como Procurador, Fiscal General del Estado, Contralor, Defensor del Pueblo, miembros del Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, superintendentes, entre otros. Procesos que han sido tutelados por el ejecutivo.
El retiro de ciertas funciones a la Asamblea Nacional y a la función judicial también explica el incremento de la corrupción y de la impunidad.
Pero esto no se queda allí. A más de la Constitución, se cambiaron otras normas por iniciativa del expresidente Correa. El retiro de la obligación de la Contraloría de emitir informes previos para las compras del Estado. La modificación de la Ley de Contratación Pública y la inclusión de nuevas modalidades de contratación. Esto ayudó para que luego se hayan entregado contratos a dedo como los de la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, la refinería del Pacífico, la hidroeléctrica Manduriacu, el poliducto Pascuales-Cuenca, etc.
Pero el problema de la corrupción no inicia y termina con Glas. Es necesario que se introduzca el bisturí mucho más profundo y se dé cuenta de los procesos que llevaron a cabo no solo en los sectores estratégicos sino en otras carteras de Estado. Veamos hasta dónde llega esta cirugía mayor. Una cirugía que de manera infame le cuesta asumir a Alianza País.