Julio César Trujillo planteó, a fines del pasado septiembre, la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). La consulta popular modificó el sistema de elección de los integrantes de ese organismo: ya no serán seleccionados por concurso, sino elegidos cada cuatro años por sufragio universal. Pero el remedio solo agrava la enfermedad. Porque la anterior forma de elección para favorecer a amigos y cercanos incondicionales al Gobierno de Alianza País solo era un síntoma del mal; pero la causa del grave daño a la institucionalidad del país durante la década correísta es la propia naturaleza del Cpccs, concebido como instrumento para la elección de autoridades como el Contralor, el Fiscal General del Estado o el Defensor del Pueblo a la medida del Presidente de la República. Ese Cpccs, al servicio del Gobierno, produjo la anemia crónica de la función de control. Para muestra, basta el botón de Carlos Pólit, contralor del Estado, elegido y reelegido con las máximas calificaciones bajo la batuta del Cpccs, y ahora prófugo de la justicia y sentenciado a seis años por la Corte Nacional por las coimas millonarias de Odebrecht.
La participación ciudadana burocratizada es un contrasentido y se presta para ser manipulada por el gobierno. Esa participación solo se fortalece desde la sociedad civil, los sindicatos, las organizaciones sociales, los organismos no gubernamentales. Y desde ese tejido social se le debe alentar.
El Cpccs no hizo nada para luchar contra la corrupción. Nos enteramos de la podredumbre en contratos con sobreprecios, obras mal hechas, coimas, chanchullos millonarios en la comercialización del petróleo por la Comisión Nacional Anticorrupción, una ejemplar iniciativa ciudadana, y no por el organismo forjado en la Constitución de Montecristi.
El 24 de marzo debemos elegir a los siete consejeros del Cpccs. Vamos a una elección a ciegas; la mayoría de los 43 candidatos son unos ilustres desconocidos. También en las condiciones de la elección el remedio fue peor que la enfermedad.
Los candidatos “no podrán ser afiliados, adherentes o dirigentes de partidos políticos durante los últimos cinco años”, fue la píldora administrada por la consulta popular. Y los candidatos no pueden hacer campaña. Es decir, se les fuerza a mudez. La promoción solo por medio del cuñas del Consejo Electoral resulta insuficiente para un voto informado. Además, nos pronunciaremos para conformar un organismo cuyo mejor destino será que desaparezca. ¿Votos de ciegos, sordos y…mudos?
Tenemos la alternativa de elegir a los siete consejeros. Podemos también votar en blanco o anular el voto. El elector no es ciego, sordo ni mudo. La propuesta de Trujillo de un requiescat in pace al Cpccs gestado en Montecristi sigue vigente.