Al Gobierno de la revolución ciudadana le ha asaltado una fiebre moralizadora. En su mensaje al país, el presidente Correa exhortó a que se denuncie la corrupción y, acto seguido, se inició un proceso en contra de una asambleísta del oficialismo.
Todo suena muy bien, todo parece obvio y normal para un Gobierno que ofreció una revolución ética, si no fuera por las innumerables oportunidades y eventos pasados en los que la voluntad política del régimen ha sido precisamente la contraria: montar todo un esquema institucional y legal para promover, antes que enfrentar, las diferentes caras de este mal.
La corrupción no solo envuelve actos ilícitos de naturaleza económica. Merece definirse como toda acción de aprovechamiento del poder en beneficio propio. En ese sentido, la fiebre moralizante que ha llegado al Gobierno, para que nos parezca genuina, debería comenzar desmontando la maraña de protección a funcionarios públicos.
En primer lugar, se debería comenzar por una reforma profunda a la ley de la Asamblea, para que haya fiscalización. Ni un solo juicio político real en ocho años es demasiada impunidad para el Ejecutivo.
El presidente Correa, para ser fiel a su llamado, debería inmediatamente revocar, además, dos decisiones suyas que son un escudo de impunidad para sus funcionarios más cercanos. Primero, la exclusión que decretó en 2010, vía una reforma al Erjafe, con la cual se retiró a los secretarios nacionales del radio de fiscalización de la Asamblea.
Gracias al propio Correa, sus secretarios jurídicos, de comunicación, de planificación, etc. fueron sacados del control político del Legislativo. Segundo, debería revocar la orden que dio a los funcionarios del Ejecutivo prohibiéndoles responder directamente los pedidos de información de los asambleístas.
Solo estos tres cambios serían suficientes para que en el país se dé un verdadero revolcón anticorrupción. Pero pudiéramos ir por más. Qué tal, presidente Correa, si la Contraloría saca a la luz los informes que tiene represados en los que hay numerosos indicios de corrupción en diversos ámbitos de la administración pública; qué tal si no se aprueba la enmienda propuesta por Alianza País para recortar importantes funciones al órgano contralor.
Qué importante sería, en la misma línea, que la Fiscalía tomara la anticorrupción por los cuernos abriendo verdaderas investigaciones en los casos que pueden comprometer al Gobierno y que los jueces actuaran con independencia para que no suceda lo que ocurrió en Chucky Seven, Ivanhoe, Duzac, ambulancias, comecheques, gran hermano, narcovalija, Ecudos, helicópteros Dhruv, Cofiec, Pedro Delgado, Pativideos y una larga lista que este Gobierno ha acumulado en sus ocho años.
Y eso que no topamos el 30-S y, ahora, las irregularidades que se habría cometido en el trámite de las enmiendas constitucionales. En fin, el Gobierno tiene mucho que hacer en el tema corrupción. Decisiones concretas que solo requerirían voluntad presidencial. Los chivos expiatorios y el cinismo no son suficientes.
@cmontufarm