Discrepo profundamente con las sentencias anticipadas sobre la posición que ‘debería’ tener el Ecuador en la demanda que presentó Perú el 16 de enero del 2008 contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En ese entonces muy pocos en este país trataron de entender el contexto de la demanda como tampoco las razones por las cuales Perú necesitaba establecer un camino para ponerle punto final a sus diferencias limítrofes con Chile.
Así como en nuestro caso, el tema de la salida al Amazonas y el Protocolo de Río se convirtió en un mito, por generaciones enteras; así también en el Perú el sentimiento de pérdida territorial por la Guerra del Pacífico durante el siglo XIX y, sobre todo, por los acuerdos de 1952 y 1954 donde sus aspiraciones marítimas no fueron contempladas. Hay un detalle más que precipitó esta iniciativa: la posibilidad real de que un nacionalista extremo como Ollanta Humala gane las elecciones.
En síntesis, Perú quiere que la Corte de La Haya zanje el tema de una vez por todas -aún si pierde el caso- y para ello, su gobierno no escatimará ningún esfuerzo en mantener el proceso tal como está, es decir, entre dos partes. En este sentido se puede entender todas las atenciones de Perú hacia el Ecuador, incluso la carta que el presidente García envió al presidente Rafael Correa, con el fin de garantizarle políticamente que este conflicto jurídico no será trasladado al Ecuador.
Lo propio hace Chile, pero con el propósito contrario: busca convencer al Ecuador (y de ahí las múltiples visitas y atenciones dispensadas) de que le conviene entrar y participar en el proceso en La Haya y, cuanto antes mejor. Esto significaría para Chile un peso más -tanto político como jurídico- en la defensa de sus tesis y, desde su perspectiva, una derrota peruana anticipada. Por supuesto, la opinión pública nacional se ha lanzado denodadamente a apoyar la tesis chilena: el fantasma del Protocolo de Río, los acuerdos de Itamaraty que no dejaron claro que no había controversias marítimas pendientes, han azuzado los miedos y además las advertencias. No se trata de ser ingenuos, pero tampoco acelerados nacionalistas.
Y hay que reconocer que el único que ha mantenido el sentido común y la calma ha sido el Presidente de la República. Todo esto solo evidencia una Cancillería siempre cambiante, con graves desconocimientos sobre temas de fondo y lo que es peor, sin capacidad de encararlos en una forma institucionalizada. En un caso como esto hace tanta falta una Junta Consultiva o, por lo menos, un equipo ad hoc nacional que esté completamente a cargo del asunto, realice el seguimiento y definir y defender una posición de Estado para el Ecuador.
En este como en otros temas, la información debería ser tan transparente como la que fluye entre el Presidente peruano y el chileno sobre este tema y a nadie se le paran los pelos de punta.