Una cita de Ortega y Gasset me dejó pensando: “Cualquier verdad ignorada prepara su venganza”. Me motivó a hurguetear en el cajón de las vergüenzas nacionales y encontré un estudio del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile según el cual hay 960 000 analfabetos funcionales chilenos que tuvieron educación superior (un 18,6% del total de analfabetos funcionales).
Eso significa que tuvieron 12 años de educación escolar, dieron la PSU, cursaron uno, dos o tres años de educación superior y, sin embargo, son incapaces de entender textos simples o de calcular el 30% de 60. El tipo de pregunta que los supera: Si una persona consume una caja de cereal cada dos semanas, a un costo promedio de X pesos, ¿cuánto le costaría la compra de cereal para cuatro semanas? (www.educativo.utalca.cl). El tema del analfabetismo funcional en Chile ha sido estudiado en dos oportunidades, en 2013 por el citado centro por encargo del Organismo Técnico Intermedio para Capacitación (OTIC) de la Cámara Chilena de la Construcción, y en 1998, en el Segundo Estudio Internacional de Alfabetización de Adultos (SIALS). En ambos, las cifras se mantuvieron estables.
El analfabetismo funcional es un problema serio. Hay muchas personas afectadas y no piden ayuda porque se sienten obligadas a esconder su desventaja. Los 5 160 000 chilenos que lo sufren tienen serios problemas para participar informadamente en nuestra democracia y son potencialmente más vulnerables a la demagogia, la manipulación y el populismo. El 44% de la población chilena entre 16 y 65 años es analfabeta funcional en textos (no entiende el manual de su televisor o el de su auto); el 42% en documentos (no entiende índices y gráficos), y el 51% en matemáticas (no puede llenar una papeleta de depósito bancario ni calcular el tiempo entre las 3:27 y las 4:16).
En Chile, la educación pública es controlada por el Colegio de Profesores (el 40% de los alumnos ingresa a escuelas públicas, el 53% a escuelas subvencionadas y el 7% a escuelas privadas pagadas). Dicho gremio dice “tener la capacidad de negociar de hecho y nacionalmente las condiciones laborales, profesionales y salariales de los docentes. Producto de ello, el profesorado tiene la posibilidad de mejorar sus remuneraciones permanentemente por sobre el resto de los trabajadores del sector público”, según explican en su página web. Su foco es conseguir beneficios para sus afiliados. La calidad de la educación no es “su tema”.
¿Es culpa del Colegio de Profesores de Chile que tengamos casi un millón de analfabetos funcionales con educación superior? ¿Es culpa del Colegio de Profesores haber blindado a profesores incompetentes negándose a la evaluación de docentes? ¿Es culpa del Colegio de Profesores que otros profesionales no puedan enseñar en las escuelas? ¿Es culpa del Colegio de Profesores que la reforma educacional pretenda eliminar la competencia, sacando al sector privado de la educación, en vez de enfocarse en la calidad de la enseñanza? Pienso que no. La culpa es nuestra. Hemos permitido que todo esto ocurriera.