La Ley Humanitaria aprobada por la Asamblea la noche del viernes pasado no dejará un solo centavo a las arcas fiscales. La presión ejercida por el sector empresarial y varios partidos políticos obligó el Gobierno a dar marcha atrás en su intención de obtener cerca de USD 1 400 millones de trabajadores y empresas, con el fin de hacer frente a los altos costos de la pandemia por el covid-19,
El argumento que se impuso fue que no caben más tributos en medio de una crisis como la actual, en la que el Estado más bien debiera apoyar a empresas y trabajadores como lo están haciendo otros países.
Además, el Gobierno no tiene cara para pedir contribuciones, ya que no ha podido reducir el gasto público como lo viene ofreciendo desde hace dos años.
Aunque lo anterior es cierto, la eliminación de las contribuciones dejó que todo el peso de la crisis fiscal recaiga en el Estado, a través de la reducción del gasto y contratación de más deuda pública, y en los trabajadores, a través de una flexibilización laboral que se traducirá en menos salarios.
Con el argumento de que las empresas no pueden contribuir porque no están vendiendo y no tienen liquidez, se puso a todas en un mismo saco, sin hacer el menor esfuerzo por distinguir entre las que están paralizadas y las que sí están vendiendo, algunas incluso más que antes.
Los trabajadores sí hicieron esa distinción y propusieron que la base para el aporte empiece desde USD 720 y no desde los USD 500 que propuso el Ejecutivo.
En el debate en la Asamblea, la base de contribución subió para los trabajadores y las empresas con utilidades. Hasta el jueves pasado, parecía razonable que quienes tienen mayores ingresos aporten más en una situación crítica como la actual. El escollo estaba en el aporte de las empresas, que pese a tener utilidades en el pasado, hoy no tienen liquidez porque no venden.
Lo anterior es una realidad. Pero si las utilidades no eran la variable para decidir el aporte de las empresas, había otra opción que se propuso en la Asamblea: un impuesto a quienes tengan bienes a nombre de empresas constituidas en paraísos fiscales. La propuesta fue negada porque tenía problemas de redacción o porque no fue una iniciativa del Ejecutivo. Si tampoco era una opción, había que buscar otra, para distribuir el costo de la crisis de forma equitativa, es decir, para que quienes están en mejor posición hagan un mayor esfuerzo.
En esta crisis, el Estado deberá dar el ejemplo con un manejo responsable y eficiente de los recursos públicos. La aprobación de la Ley de Finanzas Públicas puede contribuir en esa línea, porque permitirá crear fondos de estabilización o controlar el gasto de todo el sector público, no solo del Gobierno central.
La reducción del tamaño del Estado será inevitable y generará mucha resistencia. Los trabajadores del sector privado se enfrentarán a una flexibilización laboral para salvar sus empleos. Queda pendiente saber cuál fue el aporte de los que más tienen.