La negativa de la Asamblea para poner impuestos a los que más tienen, la oposición de los sindicatos a la flexibilización laboral, el rechazo de las universidades a revisar cualquier opción para optimizar el gasto en educación, el rechazo a la eliminación o focalización del subsidio a los combustibles a través de una banda de precios. Parece que nadie quiere cargar con el costo de una crisis económica cuya magnitud está en ascenso.
Por desconocimiento o conveniencia, el bloqueo de varios grupos puede profundizar una crisis que ha sido calificada como la más profunda del último siglo. Ni siquiera la debacle de 1999, cuando la economía nacional se contrajo 5% y eliminó a la mitad del sistema financiero, es comparable.
La pandemia aumentará la pobreza unos 10 puntos, hasta 35%, sepultando lo que se ganó en desarrollo social durante el segundo ‘boom’ petrolero. Parte de la clase media, aquella que empezó a disfrutar los beneficios de tener mayores ingresos, puede volver este año a padecer las necesidades y enfermedades típicas de los pobres, lo que aumentará la conflictividad social.
El canal de transmisión para caer en la pobreza es el desempleo, producto de la contracción de la economía. Este año se calcula un decrecimiento de al menos 6%, aunque pudiera superar los dos dígitos.
La pérdida de empleos formales se calcula entre 500 000 y 700 000 por efecto de la crisis. Solo en el período de la cuarentena ya se registran 150 000 desafiliaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Aunque nada evitará la recesión económica este año, al menos se puede hacer dos cosas. Por un lado, distribuir equitativamente el costo de la crisis, cumpliendo un principio social y ético, donde las personas que más tienen aporten más. Y por otro, realizar cambios estructurales en las finanzas públicas, como es la eliminación o focalización del subsidio a los combustibles.
Esto último implica desmonopolizar la importación de derivados, liberar recursos públicos que actualmente son destinados a esa tarea y sobre todo acabar con una distorsión de precios que fomenta el contrabando y los negocios ilícitos.
El Gobierno dio un paso importante en esa dirección al crear una banda de precios para los combustibles. Y ahora anuncia que insistirá en pedir una contribución económica a los que más tienen, luego de que la Ley Humanitaria se aprobó sin el capítulo de aportes de personas y empresas.
El costo fiscal de la pandemia será gigantesco en Ecuador y el mundo. Por eso, Italia, España, Argentina y Brasil empezaron a debatir la necesidad de un impuesto solidario a las mayores fortunas. Sería por una sola vez, aunque se discute si puede ser permanente, para contribuir con la reducción de la desigualdad. El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) propone considerar aumentos en las tasas en los tramos superiores del impuesto a la renta, a la propiedad o al patrimonio. Focalizar subsidios y cobrar más a los que más tienen parecen, hoy más que antes, dos medidas justas.