César Augusto Sosa

Sigue el Estado empresario

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Lunes 09 de diciembre 2019

En los últimos dos años y pico se advirtió sobre la necesidad de dar un giro en el rumbo de la economía nacional, ya que si las cosas continuaban igual, lo más seguro era hacer un aterrizaje de emergencia, que podía dejar un número incuantificable de víctimas.

Analistas, empresarios y asambleístas supuestamente liberales dijeron que ese cambio de rumbo pasaba por fomentar la inversión privada y reducir el tamaño del Estado, ya que no era sostenible seguir con un elevado gasto público como ocurrió en la época del segundo ‘boom’ petrolero.

Y tenían razón. El Estado tuvo demasiado protagonismo en la última década gracias a la bonanza petrolera y el agresivo endeudamiento público que ya lleva un quinquenio.

El gobierno de Lenín Moreno, aunque se ha demorado, ofreció un cambio de rumbo en marzo pasado, cuando firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Si bien no resolvía todos los problemas, al menos señalaba un nuevo rumbo económico, com medidas incluidas.

Pero sobre todo ayudaba a responder una pregunta clave cuando se intenta definir el rumbo de una economía: ¿Cuál debe ser el papel del Estado y del sector privado?

El gobierno anterior respondió esa pregunta con más instituciones, empresas y funcionarios públicos, lo cual ‘funcionó’ con petróleo de USD 100 por barril y con un elevado endeudamiento público.

Como lo anterior era insostenible, la solución pasaba por darle más fuerza al sector privado, a través de dos medidas. Por un lado, incentivando la inversión privada en nuevos proyectos y, por otro, delegando a la empresa privada, nacional o extranjera, proyectos que anteriormente estaban en manos del Estado. Por ejemplo, carreteras, puertos, obras de infraestructura, etc.

Parece simple, y en verdad es simple, siempre y cuando autoridades, asambleístas y empresarios estén convencidos que el papel del Estado es regular y el de las empresas privadas es invertir y generar empleo. Y claro, también es necesaria una normativa que limite esos papeles.

Aquí es cuando el papel del Estado no ha quedado tan claro como se pensaba. El Ejecutivo envió una reforma a la Asamblea que, entre otras cosas, plantea que las empresas privadas hagan las obras de infraestructura en telecomunicaciones que venía haciendo el Estado. En la Comisión de Régimen Económico se negó esa opción, pese a que allí hay asambleístas de Creo, PSC, Sociedad Patriótica y oficialistas de Alianza País, que podrían hacer mayoría y defender algo tan simple como la participación privada en proyectos de infraestructura.

Actualmente, las empresas privadas pagan al Estado unos aportes en efectivo por el uso de espectro radioeléctrico. El Ejecutivo planteó que las empresas devenguen ese aporte con obras, dejando al Estado el papel de regular su cumplimiento.

Con su negativa, la Comisión de lo Económico defiende la existencia del Estado empresario, que ahora manejará contratos por USD 160 millones para esas obras.