La Ley de Comunicación incide directamente en el ejercicio de la libertad de expresión. Reformarla es, por lo mismo, urgente, y debería ser de los primeros actos del presidente Moreno. Al jugar al todo o nada -que parece ser la pretensión de algunos, que se contagiaron de la intolerancia de Rafael Correa- se evita lo substancial. Uno de sus peores legados es haber convertido a tantos ecuatorianos en seres irrespetuosos de la opinión ajena, que actúan como si las cosas fueran blancas o negras, sin admitir tonos intermedios.
Al procurar la reforma, se debe ir a lo substancial, a lo que impide el ejercicio de la libertad de expresión, a lo que anula el periodismo de investigación, vital en la lucha contra la corrupción.
La figura del linchamiento mediático es un anacronismo que ha logrado, de hecho, la censura. Los medios deben disponer de un abogado para que revise lo que se publica, para no caer en las garras de la Superintendencia, que sanciona y después conoce las apelaciones actuando como juez y parte. Es aberrante que un medio de comunicación publique documentos oficiales en los que basa su investigación y sea obligado a rectificar publicando material que le llega diseñado desde el Gobierno, contradiciéndose, a pesar de que dijo la verdad; obligándose a mentir.
El temor, que lleva a la auto censura, elimina o hace tibio, el periodismo de investigación, que aquí y en cualquier parte del mundo es fundamental para el control que ejerce la sociedad a la tarea del gobernante. Señala errores, excesos y tropelías. Su ausencia conlleva a la impunidad en casos evidentes de corrupción que empiezan a develarse por acción de organismos internacionales, que no por la de los órganos de control y la justicia locales.
Las sanciones económicas son un medio para amedrentar e inviabilizar un proyecto periodístico. La responsabilidad coadyuvante es una aberración que conspira contra la libertad de opinión y pretende imponer la censura del medio a quien escribe una columna de opinión bajo su entera responsabilidad. La sentencia en contra de El Universo es, a la par que un abuso del poder, una de las mayores vergüenzas nacionales. Si bien las redes sociales suplen de alguna manera esa ausencia, también han dado lugar al abuso y a la agresión calumniosa amparada en el anonimato.
Eliminar la Superintendencia de Comunicación, suprimir la figura del linchamiento mediático, someter las posibles infracciones a la justicia ordinaria, devolver a la libertad de expresión la categoría de derecho fundamental y no de servicio público, regular a los medios públicos para que sean públicos y no pasquines del gobierno de turno, eliminar las sanciones vinculadas a principios deontológicos: puntos básicos de una reforma sin pérdida de tiempo, para evitar el amedrentamiento que lleva a la censura y la autocensura.