La flexibilidad y rapidez con las que el señor Raúl Abad, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, comenzó a incorporar las propuestas de la Academia para la nueva Ley de Educación Superior resultaron inusuales y muy apartadas de su tradicional obcecación y tozudez. Su repentina apertura levantó sospechas entre asambleístas y académicos que no podían concebir tanta maravilla. César Montúfar lo dijo: no se trataba de un súbito cambio de conducta sino de una auténtica celada que buscaba la aprobación de la ley en la Asamblea (cualquier texto, era irrelevante) y luego, desde el veto, formular un nuevo cuerpo de normas que recogiera las intenciones originales de la Senplades. Los hechos han dado la razón al asambleísta y han demostrado que el Ejecutivo no es un colegislador; es un legislador único e incontestable.
El contenido del veto presidencial no tiene precedentes en la historia del Ecuador y constituye un embate feroz contra las universidades públicas y particulares. Restituye los planteamientos autoritarios de la Senplades y somete a las instituciones de Educación Superior a las decisiones y caprichos de los gobiernos de turno. Es frustrante constatar que tras varios meses intensos de esfuerzos y diálogos entre la Asamblea y la Academia, el Gobierno haya desechado acuerdos fundamentales que permitieron redactar una ley relativamente sólida y perfectible en el tiempo. Ninguno de los aspectos de calidad, exigencia académica, rendición de cuentas fueron excluidos de aquellos consensos; quedaron descartadas, tan solo, aquellas normas rayanas en el control político. Por ello, los hechos demuestran que el control de las universidades fue visto siempre como la prioridad. La codicia de poder se impuso una vez más y se trituró un acuerdo social que habría conferido legitimidad a la ley y propiciado una mejor educación para los ecuatorianos.
Recordemos que el oficialismo insistió en la creación de una Secretaría de Educación Superior con funciones de mera coordinación entre el Ejecutivo y la Universidad. El Gobierno tiene todo el derecho de crear ministerios o secretarías; esto, sin embargo, no puede transmutarse en arrogación de competencias y en abierta intromisión en sectores o instituciones autónomas. Así como el Ministerio de Justicia no puede intervenir en la Función Judicial, la Secretaría no tiene potestad alguna para inmiscuirse en el sector universitario. Es falso que la Constitución conceda al Gobierno la rectoría de la Educación Superior; la norma suprema solo confiere al Ejecutivo la rectoría de la Educación General, es decir, la relacionada con escuelas y colegios.
Una ley concebida y aprobada de esta forma solo podrá aplicarse bajo el imperio de la fuerza bruta y sus días, desde ya, están perfectamente contados.