Varias explicaciones pueden darse a los acontecimientos que vienen produciéndose en la frontera colombo-venezolana. Miles de colombianos han huido y, lo que es más grave, han sido deportados de forma masiva y violenta. La porosidad de la frontera, la presencia de bandas criminales particularmente del lado colombiano, la actividad de las guerrillas de las FARC que operan en Colombia, pero que tienen campamentos de descanso en territorio vecino, el comercio ilegal, son factores que inciden en lo que allí sucede. Pero al margen de esas consideraciones, hay una oprobiosa violación de los derechos humanos de los colombianos.
El origen de esta tragedia, que bien pudo evitarse a través de diálogos a nivel policial y voluntad política, fue un incidente delincuencial con contrabandistas en el cual resultaron heridos cuatro ciudadanos venezolanos. Este hecho dio lugar a una reacción desmedida por el presidente Maduro al cerrar la frontera y ordenar la deportación indiscriminada de sus vecinos. Debió recordar lo que EE.UU. hace con sus hermanos latinoamericanos…
Está claro, un asunto delincuencial ha sido politizado injustificadamente por Caracas con la mirada puesta en las elecciones legislativas de diciembre en búsqueda de respaldo popular. Pero la politización también ha venido del lado colombiano, y no precisamente del gobierno de Santos. Su más acérrimo rival, el expresidente Uribe, se ha lanzado de manera irresponsable a caldear los ánimos para generar simpatías político-nacionalistas utilizando inapropiados epítetos contra el gobernante venezolano con el afán de intentar debilitar a Santos y boicotear las negociaciones de paz de La Habana.
Resolver un hecho semejante, que considerábamos superado en nuestra región declarada de paz, es un desafío que pone a prueba a las nóveles organizaciones regionales, en particular la Unasur y la Celac. La OEA no cuenta por su propia decadencia y la objeción de Maduro.
Para la primera, a pesar de ser la mejor llamada, no es fácil pues su líder es el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, quien podría ser cuestionado por su nacionalidad y por sectores de oposición de su propio país como los que lideran Pastrana y Uribe. Su acción se debilita.
Por el contrario, la Celac puede ser la organización idónea para mediar esta controversia. La Celac, con la participación de países clave como México y Cuba, busca definirse a sí misma como entidad de concertación política entre todos los países de América Latina y el Caribe y su presidencia pro témpore la ejerce el Ecuador. El presidente Correa, en esa calidad, es el líder que debería asumir esa función mediadora. Con Colombia hemos retomado unas relaciones normales y hasta cordiales y con Venezuela de la revolución ciudadana tiene una relación ideológica privilegiada.
La diplomacia ecuatoriana, puesta a prueba, ¡tiene que ponerse en acción!
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