León Roldós

Castigos indiscriminados

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Miércoles 09 de enero 2019

lroldos@elcomercio.org

Noticias del día en que se anunció la elevación de precios de los combustibles, 18 de diciembre del 2018, fueron: “se eliminan 25.000 vacantes”; “se reduce de 30 a 4 asesores por Ministerio” - o sea, fuera 26 asesores, por Ministerio-; “se reduce el 10% de la remuneración a los Ministros y otros altos funcionarios y el 5% a aquellos servidores cuya remuneración mensual es superior a USD 2.368, los que ya sufrieron la reducción del 10% en agosto del 2017”.

El castigo indiscriminado a los servidores públicos es para enviar señal de austeridad en el sector público. Puede ser con las mejores intenciones. Para quienes no lo merecen, está entre la hipocresía de quienes tienen responsabilidad en haber inflado roles de pago y la demagogia de contentar a los que quieren achicar a lo bruto al sector público.

A los servidores públicos no hay que tratarlos como “paquetes”. Hacerlo, en el fondo, es un encubrimiento de los que si deben ser sancionados por el irracional gasto público que causaron.

¿Cuántos “pipones” hay enrolados en el sector público?, seguramente muchísimos. ¿Por qué no se los separa? Los que llenaron de “pipones” al sector público deben ser sancionados, porque son más responsables que aquellos a quienes enrolaron, por eso deben ser identificados.

Los 26 asesores que deben salir de cada Ministerio, ¿qué hacían?. ¿Recién se dan cuenta que sobraban?. ¿Podrán evidenciar que algo hicieron?-

¿Será la señora Vicuña la única persona a la que se le guardó un cargo público, para que retorne a éste? Que se identifiquen los casos similares que debe haber.

Yo defiendo a los servidores públicos que actúan con profesionalismo, que si los hay, que no merecen que se los “empaque”. Una austeridad, no hipócrita, ni demagógica, en gastos de personal, debe partir de la evaluación de los servidores públicos, para no castigar a los que son eficientes. Sé que hay casos de los que el 2018 aprobaron las pruebas para ser promovidos, a los que ahora se les estaría avisando que ya no habrá promoción alguna.

Muchas profesionales que podrían tener vocación de servicio público, si las remuneraciones de este sector son susceptibles de reducciones demagógicas, van a preferir no ser servidores públicos.

Verdad que una remuneración baja nunca justificará ser deshonesto, demandando o recibiendo pagos, pero las vacantes podrían ir a quienes son proclives a aquello.

Con sorna, alguien decía, ¿qué importa la remuneración, en determinados cargos públicos? Esto puede ser más grave, en las circunstancias actuales, en que los atrasos en la tramitología y en los pagos del sector público, de semanas y meses, hacen que muchos desde la ciudadanía estén dispuestos a pagar cualquier monto para ser atendidos.