Mientras el Mundo entero y, desde luego, también Ecuador, están sumidos en dolor y angustia por los efectos de la pandemia unos cuantos individuos inescrupulosos han aprovechado la situación para perpetrar imperdonables y diversos delitos de corrupción.
La Fiscal General, Diana Salazar, informó hace pocos días que durante la emergencia sanitaria se han abierto 160 casos de presunta corrupción, que son indagados por el equipo de Fuerza de Tarea que se conformó para el efecto.
Agregó que entre los casos que se rastrean constan el referente a la venta de insumos médicos en Guayaquil, en el que están involucrados los hermanos Daniel y Noé Salcedo, el primero de cuales intentó fugar en una avioneta que se accidentó en Perú.
También se refirió al caso del ex presidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y otras cinco personas que enfrentan un proceso por presunta delincuencia organizada en la venta fraudulenta de pruebas para la detección de covid 19 y por otros delitos, pero la audiencia preparatoria ya ha sido diferida tres veces y está a punto de caducar la orden de prisión preventiva. El ex mandatario porta grillete y se benefició de la libertad mientras participó como candidato a asambleísta, pero no resultó elegido, por lo que queda sin efecto tal privilegio.
En otro caso mayúsculo están imputados altos ex funcionarios de la Contraloría y Petroecuador y familiares; se halla en etapa de indagación y se ha establecido que conformaban una estructura delictiva presuntamente encabezada por Pablo Celi y que exigía sobornos para desvanecer glosas millonarias, tramitar pagos e informes, etc., especialmente a empresas petroleras, por lo que la Fiscalía solicitó al Juez correspondiente que prohiba la enajenación de bienes de los implicados por el monto de cuatro millones de dólares para garantizar el pago de una eventual multa y la reparación por perjuicios causados.
En lo que respecta al alcalde de Quito, Jorge Yunda, el Fiscal de Pichincha ha instaurado un nuevo proceso de investigación penal, esta vez por presunta delincuencia organizada relacionada con un contrato para la repavimentación de calles. Las investigaciones revelan una triangulación con una empresa pública para la ejecución de dicha obra, por un monto de USD 51 millones, la que subcontrató con firmas privadas.
En las investigaciones resulta involucrados el alcalde Yunda, que ya porta grillete desde el 19 de febrero, dentro del juicio por peculado en la compra irregular de pruebas para el covid 19, a lo que se suman implicaciones en grabaciones comprometedoras encontradas en teléfonos de su hijo Sebastián, que contaba con la complicidad de empleados municipales, algunos de los cuales fueron cancelados luego. Lo cierto es que el burgomaestre está muy desprestigiado y su situación es complicada y es necesario que cuanto antes se aclaren esos y otros escándalos, que afectan a la eficiente marcha del Ayuntamiento.