“Se abre el juicio del siglo en el Ecuador” tituló The Economist un reciente análisis, bajo el supuesto de que el lunes 10 se realizaría la audiencia por el caso “Sobornos 2012-2016”. El ex presidente Rafael Correa está en el banquillo de los acusados dentro del juicio penal por cohecho junto a veinte personas más entre altos funcionarios de su gobierno, que pidieron y recibieron sobornos y empresarios que los entregaron.
Cuando The Economist difundía su comentario acerca del “juicio del siglo”, el abogado del ex presidente presentaba una demandaba de recusación en contra de los jueces. La Corte Nacional tenía que decidir si aceptaba el recurso. Después de la última postergación, los tres magistrados de la Corte a cargo del caso advirtieron que la audiencia sería improrrogable. Mientras escribo esta columna, se conoce que se instaló ya la audiencia de juzgamiento pues los tres jueces no habían sido notificados de la recusación. Es decir, se cumplió por el momento su admonición.
El “juicio del siglo” pone a prueba la Justicia: o esta cae en el juego de las dilaciones o procede atendiendo a la necesidad de una actuación recta y a tiempo. Según la Fiscalía, Correa estuvo a la cabeza de una estructura delictiva integrada por ex altos colaboradores y empresarios. Estos últimos entregaron dinero en contante y sonante o pagaron facturas por actos proselitistas de Alianza País. Los aportes se hicieron bajo la mesa. Las empresas, entre otras Odebrecht, fueron favorecidas por millonarios contratos con el Estado.
El financiamiento ilegal de las actividades políticas del movimiento oficialista constituye una hiriente evidencia del abuso del poder en beneficio de un grupo y, a la par, de la injusta participación de AP en relación con los demás partidos y movimientos en las sucesivas elecciones. Las condiciones abismalmente dispares de financiamiento muestran el rostro pervertido de sus triunfos en las urnas, que contaban, además, con un Consejo Nacional Electoral ciego, sordo y mudo ante la desigualdad y sin voluntad de ejercer un eficaz control del gasto electoral.
Finalmente, es necesario recordar que el caso “Sobornos 2012-2016” llegó a la Justicia a partir de la investigación periodística de Fernando Villavicencio y Christian Zurita, perseguidos por el correísmo. Tras la publicación de su primera denuncia en mayo del año pasado, vino la detención de Pamela Martínez primero y Laura Terán después, ex colaboradores de Rafael Correa, cuyos registros y testimonios ayudaron a la Fiscalía a acumular evidencias contra los sindicados.
The Economist califica de juicio ecuatoriano del siglo a un proceso en el que la condena o absolución del ex mandatario determinará el papel que pueda o no desempeñar en las elecciones presidenciales de 2021.