30 de September de 2010 00:00

El caso de Piedad Córdoba

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Enfoque internacional

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La sanción que la Procuraduría General de la Nación impuso a la senadora Piedad Córdoba por ‘promover y colaborar’ con las FARC ha despertado una entendible polémica. No solo por la severidad del fallo -destitución e inhabilidad por 18 años-, sino también por la condición de ser una de las figuras visibles de la oposición.

A lo anterior se suman su estilo característico y algunas de sus posturas frente al conflicto y al Gobierno, que le han granjeado enemigos y altos niveles de desaprobación.

Todo esto conduce a que este fallo del Ministerio Público -el primero en las investigaciones de la ‘Farcpolítica’- sea inevitablemente analizado tanto desde el prisma de la ley como de la política. Y es importante separar ambas esferas. Basada en los documentos encontrados en los computadores del jefe guerrillero Raúl Reyes y en los movimientos migratorios de la senadora, la Procuraduría establece que ella y varios seudónimos, como ‘Teodora’, ‘Dorotea’ y ‘Negra’, son la misma persona. En la decisión de única instancia se detallan comunicaciones con las FARC en las que ‘Teodora’ ofrece consejos de estrategia y provee instrucciones de manejo de los secuestrados. No se trata, como lo afirmó Córdoba en su comunicado, de una investigación “sin respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y, menos aún, valor moral y ético”. Se desprende del análisis de las pruebas recaudadas que, si la defensa de la congresista demuestra que ella no es la autora de las comunicaciones, muchas de las acusaciones pierden un peso importante.

La decisión del Ministerio Público también recoge las instancias del debido proceso que siguió la investigación disciplinaria. Este es un tema delicado, ya que la líder liberal ha denunciado una “persecución política” del procurador Alejandro Ordóñez en su contra. El origen del proceso -documentos incautados en la Operación Fénix-, el cumplimiento de las etapas procesales y la garantía de la defensa no revelan un comportamiento abusivo del ente investigador.

Desde el ámbito político se han levantado algunas voces críticas de la sanción, que denuncian la criminalización tanto de las gestiones de paz como del derecho a expresar opiniones.

Lo que se juzga no son las afinidades ideológicas de la senadora, sino los graves vínculos que el fallo le endilga. No es una discusión sobre las ideas, que cada quien es libre de tener, sino sobre las acciones, que en algunos casos configuran fallas disciplinarias y delitos. Más que balancear condenas de ‘parapolítica’ con fallos de ‘Farcpolítica’, se trata de hacer cumplir el marco legal colombiano, que castiga con dureza los nexos con organizaciones armadas al margen de la ley, como narcos, guerrillas, bandas delictivas y ‘paras’. Y nadie, por famoso opositor o leal gobiernista que sea, debe estar por encima de la ley.

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