Un anciano de 95 años de edad falleció hace pocos días en Manabí, víctima de un paro cardiorrespiratorio, según el resultado de la necropsia.
Lo grave e insólito es que, según sus familiares, la causa fue la profunda depresión que sufrió, por la serie de problemas derivados de una demanda de alimentos en su contra, incoada por su ex nuera, en un Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de Manta.
Una egresada de la Facultad de Derecho obtuvo el arresto domiciliario de sus achacosos suegros y el embargo de un inmueble, que tuvieron que vender al apuro, para pagar las mensualidades atrasadas, que sumaban 2 714 dólares, por la pensión, a la que se les ha obligado, porque un hijo suyo, que ha emigrado a Venezuela, se ha descuidado de sus vástagos.
Para colmo, cuando el anciano ya se hallaba grave, el 4 del presente mes le llegó otra demanda, de aumento de la pensión.
Expiró al día siguiente.
En la actualidad, según amplia información aparecida en diversos diarios, los beneficiarios son dos jóvenes de 16 y 17 años y una mujer de 20, que ya tiene una hija, fruto del compromiso marital que mantiene.
Ahora deberá afrontar el pago de la pensión la viuda del occiso, también de 95 años, sin ingresos y enferma de cáncer.
Pero la ‘comprensiva’ demandante ha decidido traspasar la obligación a sus ex cuñados.
Hay una serie de circunstancias que una vez más ponen en duda la transparencia de la justicia.
Por ejemplo, la titular del juzgado que tramita este litigio había sido abogada patrocinadora de la demandante, por lo que se excusó y asumió una jueza temporal, quien no habría cumplido algunas solemnidades sustanciales, como la citación previa al padre de los menores, como señala la ley, dicen familiares del difunto.
Este curioso caso ha conmovido e indignado a los moradores de la parroquia Canuto, de donde son oriundos los protagonistas.
Los vecinos de Canuto se preguntan ¿qué culpa tienen los abuelos y tíos de los jóvenes a los que su padre no les suministra la pensión necesaria para su subsistencia y educación?
No sería raro que se reforme la ley, de tal manera que si desaparece el autor de un robo u otro delito se aplique la pena a alguno de sus familiares que, así mismo, nada tenga que ver con el hecho.
Es probable que el anciano de 95 años de edad ya haya estado enfermo, por su avanzada edad, pero es evidente que el sufrimiento al que se vio avocado aceleró su muerte.
Este caso inhumano llama a la reflexión a los legisladores y los obliga a que realicen un exhaustivo estudio de esa parte de la ley, a fin de que, aunque resulte parche sobre parche, hagan cuanto antes la reforma a su reciente reforma, en forma tal que se eviten atropellos de esta naturaleza.
Como dice el refrán, pagan justos por pecadores.