Francisco Carrión Mena

Caso Duarte: Ecuador vs Argentina

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Martes 25 de agosto 2020

María de los Ángeles Duarte, incondicional correísta y ex ministra de Obras Públicas, forma parte del grupo de veinte inculpados y sentenciados del anterior gobierno por delitos comunes por la justicia ecuatoriana en el denominado caso Sobornos. Su situación, junto con sus coautores de diversos hechos delictivos, está actualmente siendo conocida por la Corte Nacional en una última etapa: la casación. En ella la Corte no puede pronunciarse sobre lo resuelto sino sobre su procedimiento. Como medida cautelar, la Sra. Duarte porta un grillete electrónico para limitar sus movimientos y presentarse semanalmente ante la justicia.

La semana pasada, la sentenciada incursionó, sorpresivamente y rompiendo con las medidas cautelares impuestas, en la residencia de la Embajada argentina para solicitar asilo diplomático. Este hecho producirá, seguramente, si no lo ha hecho ya, un conflicto diplomático entre los dos países. Como es usual en estos casos, antes de dar comienzo formal al procedimiento del asilo, la embajada argentina ha notificado que la Sra. Duarte se encuentra como huésped y bajo su protección.

Al momento, la cancillería argentina estará analizando el caso a la luz de los convenios de asilo de Montevideo y Caracas que vinculan a los dos estados como parte de esos instrumentos. Deberá establecer si la demandante es perseguida política y si corre real o inminente peligro. Y aquí se presenta el primer problema ¿cómo puede calificarse de perseguida política una persona que ha sido sentenciada luego de ser juzgada conforme a las leyes penales aplicables en nuestro país, de haber sido sentenciada respetando el debido proceso y todas las garantías legales? ¿Cómo puede la Sra. Duarte argumentar persecución política cuando ella hizo uso de todas las garantías, pero sus abogados no pudieron desvanecer las pruebas inculpatorias presentadas por la Fiscalía que le involucraban en los delitos imputados?

Si la Argentina decide concederle el asilo estará desconociendo la legitimidad de todo el sistema de justicia penal del Ecuador. De ser así, Buenos Aires demandará que se le otorgue el salvoconducto para salir de la embajada y desplazarse a ese país. El problema, en ese caso, pasará al Gobierno de Quito pues deberá, como Estado parte de las convenciones de asilo, al igual que Argentina, otorgar el documento que le permita salir del país. Le quedan tres alternativas: no conceder el salvoconducto -recuérdese caso Assange-, demorar el tiempo que quiera en hacerlo o dárselo inmediatamente -téngase presente situación política interna-. Las tres opciones generan complicaciones pues sabido es que el principal partido de oposición al Gobierno de Moreno, el de Correa, es de afinidad total con el de Fernández.

Ecuador vs Argentina, no es fútbol, es un grave problema diplomático para la Cancillería.