Es un hogar. Un lugar de acogida, de mediación de conflictos, de asistencia y amparo a niños y madres afectados por el abuso. Es el único referente en Coca para mujeres maltratadas y niños que sufren las consecuencias de la violencia doméstica que, por cierto, reina por estas tierras. La regenta la Fundación Ayllu Huarmicuna, una de las pocas organizaciones de la sociedad civil de este lugar selvático.
En ella hay una oficina de apoyo a la mujer y la familia, a donde acuden casi todas las víctimas de la violencia que campea, no solo en Coca sino también, en las comunidades indígenas de la zona. Ahí se brindan los servicios de asesoría legal, se elaboran y siguen las denuncias en casos de violencia intrafamiliar y abuso sexual de los menores, se tratan aspectos civiles y penales, manejo y aplicación de la Ley contra la violencia a la mujer y la familia, y se brinda el servicio, gratuito, de orientación familiar.
En Casa Paula, que es un albergue temporal, ahora mismo viven 10 mujeres y 40 niños que requieren de atención personalizada, ayuda pedagógica y psicológica para salir de los traumas de la violencia y el abuso sexual. La tarea de Casa Paula incluye el apoyo a los niños, niñas y adolescentes, con refuerzo escolar y hábitos adecuados que posibiliten desarrollar sus potencialidades.
De un pequeño centro de atención, nacido en 1999 (y con personería jurídica desde el 2000) por la urgencia de ver a tantas mujeres maltratadas y golpeadas y tantos niños abusados, ha pasado a ser un ejemplo de trabajo constante de mujeres, para mujeres. En los tres últimos años ha ampliado sus servicios y cobertura, aspirando a recursos que el Estado ofrecía para la Red de Casas de Acogida integrada por cinco casas a nivel nacional: Cuenca Quito, Guayaquil, Sucumbíos y Orellana.
Ahora, Casa Paula -y las otras cuatro casas de acogida del país- penden de un hilo. Firmaron un convenio con el MIES en un gabinete itinerante realizado el 29 de marzo de este año, con aplausos, alabanzas y testigos de honor incluidos. Con esos acuerdos se garantizaba su funcionamiento al menos durante un año, con expectativas hasta el 2014. Ahora parece que el convenio se reduciría a la mitad o quien sabe, a la cuarta parte, por vericuetos de la política y de la burocracia.
Con tanto dinero que se supone que llegará a la Amazonía gracias a los beneficios del petróleo y con tanto que se han gastado Raymundo y todo e mundo gracias al Yasuní y a sus múltiples programas, ¿es tan difícil garantizar que uno de los pocos servicios sociales, eficientes y gratuitos, con su historial de 12 años de logros y compromiso, funcione? Ojalá que sí. Las mujeres y niños de Casa Paula tendrán que poner velas a los santos para que así sea.