Cuando los gobiernos toman el mando de la justicia, del Poder Legislativo, de los organismos de control y del sistema electoral, asumen todos los poderes pero no las responsabilidades. Se colocan los gobiernos en la situación cómoda de amplia discrecionalidad para tomar decisiones y escasa responsabilidad para responder por ellas, los poderes tomados y sus serviciales funcionarios serán los responsables.
Este camino hacia el autoritarismo es siempre clandestino; se guardan las formas y se cuida el lenguaje, para que los poderes dominados parezcan autónomos, solo de vez en cuando se escapa algún detalle que deja ver la realidad detrás de las formas y las apariencias. El género epistolar ha sido, en este sentido, muy generoso con los historiadores. Por las cartas sabemos, por ejemplo, que el Libertador calificó, en algún mal momento, como “truchimanes” a los ecuatorianos.
Ha llamado la atención el intercambio epistolar entre los titulares de las funciones Ejecutiva y Legislativa en el Ecuador, porque ha dejado, para entretenimiento de los historiadores, documentos que desnudan la dependencia de algunos poderes en nuestra democracia.
La Asamblea resolvió enviar exhortos al Ejecutivo sobre temas como las inundaciones en la Costa y el despido de funcionarios públicos. El art. 132 de la Constitución le faculta la aprobación de acuerdos o resoluciones sobre temas que no requieran la expedición de una ley. El Presidente, sin embargo, los consideró un “acto de notoria inconstitucionalidad” porque la Asamblea “se extralimita de sus connaturales funciones, y se pretende involucrar en actos de la administración gubernamental”. Añade que lo hace “con el exclusivo afán de obtener un falso y engañoso protagonismo”. Lo curioso es que la carta del Presidente concluye exhortando a la Asamblea a “trabajar con seriedad, que la acción política sea responsable para construir un mejor sistema de derechos antes que optar por la oferta ligera y fácil para lograr un protagonismo político o público”.
La respuesta al exhorto sobre los exhortos pudo haber sido un documento, no para diversión, para edificación de los historiadores, estableciendo la trascendencia de los equilibrios y contrapesos entre funciones del Estado para la democracia, pero solo fue un evasivo “acuso recibo”.
Si la carta de la OEA resultó insuficiente para controlar la calidad de las democracias en América Latina y resultan insulsas para los gobiernos autoritarios y los pueblos engañados las observaciones de organismos internacionales, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, entonces habrá que tomar en serio la propuesta del ex presidente chileno Ricardo Lagos y buscar la forma de aplicar lo que llama “auditoría de la democracia”, buscar el modo de proteger a los pueblos que ya no pueden protegerse.