Carlos Jaramillo

Diezmos letales

valore
Descrición
Indignado 9
Triste 1
Indiferente 0
Sorprendido 0
Contento 93
Sábado 01 de diciembre 2018

Teleamazonas informó el lunes último, en exclusiva, que el abogado Angel Polivio Sagbay había registrado en la Notaría 13 su denuncia juramentada de que en junio del 2011, cuando la actual vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, era asambleísta por la provincia de Guayas, fue contratado como asistente administrativo, con la condición de que de su sueldo le entregue USD 300 mensuales, y que después de un año fue ascendido al cargo de asesor jurídico y su contribución subió a USD 1 400.

El denunciante agrega que “existen prueba plena y evidencias” de los depósitos que efectuó en la cuenta personal de la entonces asambleísta, quien, en cambio, afirma que es una calumnia, retaliación y afán de hacer daño al Gobierno y especialmente a ella, porque no se le ha dado a Sagbay el cargo que pretendía de Gobernador de Morona Santiago.

La Segunda Mandataria manifestó que se trata de aportes para la agrupación política Alianza Bolivariana Alfarista (que preside su padre) y para Alianza País y agradeció al presidente Moreno “por el cariño, respaldo y confianza que le ha expresado”, lo cual está en tela de duda ya que él expresó en un comunicado: “Hemos creado las condiciones necesarias para una justicia y funciones independientes. Han recaído supuestas acusaciones sobre la Vicepresidenta. La institucionalidad creada y las instancias competentes determinarán si existen o no responsabilidades”, y en otra ocasión enfatizó: “No puedo ni debo ser juez”.

Ante este problema, que es de mayor dimensión por la alta dignidad que ostenta la implicada, la mayoría de la Asamblea Nacional decidió este jueves exigirle que renuncie para evitar un mayor escándalo e iniciar los trámites para su juicio político, mientras la Fiscal General encargada también realiza la indagación previa para su enjuiciamiento penal.

Este delicado caso ha sacado a relucir aquello que es vox populi pero ha permanecido en la impunidad, esto es que varios asambleístas, desde períodos anteriores, han incurrido en la vergonzosa e ilegal exigencia a sus colaboradores de que les entreguen parte de su remuneración. Tan solo como excepción, la Asamblea sancionó el 13 de noviembre, con la destitución de su curul, a una de sus integrantes, acusada también de gestionar cargos públicos.

En este estado de cosas es de pronóstico reservado la situación política de la Vicepresidenta, quien fue designada para ese cargo el 6 de enero de este año por esta misma Asamblea, en reemplazo del ingeniero Jorge Glass, quien fue destituido y guarda prisión por acusaciones de graves irregularidades.

La ciudadanía está atenta al desenlace de este bochornoso episodio que trasciende dentro y fuera del país y que se suma al cúmulo de problemas de diversa índole que demuestran, una vez más, el estado de descomposición que impera desde hace algún tiempo y que pone en mal predicamento el nombre de nuestra Patria.