Enrique Ayala Mora

Las cárceles: basureros humanos

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Viernes 21 de junio 2019

“¡Que lo manden preso!”, es lo primero que la gente dice frente a un abuso, un robo o violación. Y se preocupa de los crímenes hasta que los autores son sentenciados. Luego, a nadie le interesa lo que pasa en las cárceles, ni se preocupa de la vida de los presos. Con frecuencia, la gente piensa que mientras más mal se los trate mejor pagan su “deuda con la sociedad”. Pero la situación carcelaria es un problema nacional, que desnuda a la sociedad y al estado.

La población carcelaria crece con mayor velocidad que el número de habitantes. Y no aumenta la justicia. Actualmente las personas privadas de la libertad son: adultos 40,013; hombres 37,189; mujeres 2,824. Hay 29 centros de rehabilitación social, 4 de detención provisional y 9 unidades de aseguramiento transitorio. La capacidad instalada da para máximo 28.554 plazas. Es decir, faltan 11.452. El hacinamiento llega al escandaloso 40,11%.

En estos días, la crisis del sistema penitenciario se ha visibilizado. Pero estaba latente. Se la ocultó bajo un modelo presentado como pionero en América Latina, mostrando la infraestructura de grandes centros regionales, pero ocultó la realidad de esos centros. Se invirtió en nuevas instalaciones y se ha declarado más de una decena de estados de emergencia o excepción, pero se centraron en medidas de seguridad e infraestructura. No hay énfasis en la rehabilitación ni políticas de prevención. Las muertes violentas dentro de los centros de rehabilitación no son nuevas. Entre 2004 y 2012 hubo 172.

Frente a ello, la política penitenciaria debe ser integral e interinstitucional, con una coordinación estrecha entre Ejecutivo y Función Judicial, con un censo carcelario, para determinar las condiciones y situaciones vigentes. Es esencial que exista un funcionamiento adecuado de la administración de justicia. Y se debe asumir que la privación de libertad debe ser excepcional y para los delitos más graves, siempre con medidas de rehabilitación. Se debe incrementar acciones de indulto y amnistía. Urge incrementar los defensores públicos, nombrar jueces de garantías penitenciarias y promover acciones por la reinserción, con opciones de empleo y proyectos de auto emprendimiento.

La seguridad no es contradictoria con los derechos. Toda persona encarcelada está bajo el cuidado y protección del Estado. Las muertes en los centros no es una cuestión de particulares o de bandas criminales. Son ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo responsabilidad del Estado, que debe garantizar que las cárceles sean centros de rehabilitación social, libres de violencia.

La sociedad no mejorará mientras las cárceles sean basureros humanos y la gente mire para el otro lado cuando allí se cometen asesinatos y se tiene que buscar el reticente apoyo de los militares para controlarlas.