Este fin de semana, varios medios de comunicación publicaron una investigación periodística, en la cual se señala que 236 candidatos a la Asamblea Nacional, es decir, el 11% de quienes se inscribieron, tienen denuncias penales desde 2014. Ya de por sí la cifra es alarmante, pero no es sorpresiva, porque somos un país al que le hemos acostumbrado a la impunidad, a que se salgan con la suya, porque tenemos expertos en mover las normas al límite o romperlas sin que pase nada, habituados a chantajear, a acordar ilícitamente e, incluso, a reclamar supuestos derechos, para no rendir cuentas, para no dar la cara.
Resulta risible que movimientos, partidos políticos y los organismos de control electoral no se den ni por enterados. Entre las responsabilidades que ellos tienen está controlar y garantizar la transparencia del proceso electoral. Pero, ¿acaso creen que la transparencia se limita a que se vote y se cuenten bien los votos?, ¿quién se hace responsable de que no estén utilizando la política para que el propio estado les garantice su impunidad?, ¿por qué nadie se ocupa –en plena era de las bases de datos- de al menos pasar por un programa informático los nombres para ver que no se trate de personas con procesos abiertos en la justicia? ¿Acaso esa responsabilidad es exclusiva de los mismos políticos o de algún ciudadano comedido?
El proceso de transparencia es amplio y las candidaturas no pueden ser utilizadas para dilatar sus procesos con los organismos de control del país (sean penales, administrativos, fiscales o de cualquier índole). Menos aún –si es que ganan- reclamar inmunidad que, como siguen yendo las cosas, no es una garantía para que los legisladores puedan realizar adecuadamente su trabajo. Para algunos, desde hace mucho tiempo, se ha convertido en una sinvergüencería.
Es lamentable cómo ellos y las propias autoridades nos hacen cómplices a todos los ciudadanos. No solo porque con nuestros aportes se financian sus campañas, sino porque el domingo nos obligan a elegir entre ellos. Estaremos delante de papeletas con los nombres, las fotos y los logos de los partidos y movimientos que los presentan como sus candidatos, sus representantes que, en lugar de impulsar un proyecto político (que es una de las finalidades de una estructura política partidaria), solo buscan su propia protección.
La respuesta no puede ser tan simple de no marque por ellos, mire las demás opciones, porque la pregunta inmediata es de qué opciones me habla. La falta de seriedad de muchas de las agrupaciones políticas es tan grande, como los interesas que representan.
Basta recordar que en las últimas seccionales y en las de la muerte cruzada, concretamente en 2023, desde el Ejecutivo y el Legislativo se entregaron listas, sí, listas de nombres de candidatos probablemente vinculados al crimen organizado. La Fiscalía inició investigaciones, si las está impulsando aún, se entiende que por la delicadeza del tema haya reserva. Si ya las guardaron, es otra cosa. Y ¿qué han hecho los organismos electorales al respecto? Solo ellos saben la respuesta y, sobre todo, saben por qué callan.
