No es la primera vez que un jefe de Estado uruguayo arma revuelo planteando una liberalización de las drogas. El pionero quizá fue el presidente Jorge Batlle, quien en octubre de 2000, en Santiago y flanqueado por sus colegas de Argentina, Fernando de la Rúa y Ricardo Lagos de Chile, ante unos 350 hombres de prensa hablo de la “liberación” como el camino que habría que transitar en el combate contra la droga. Batlle (2000-2005), liberal defensor de la economía de mercado, se adelantó en su idea a la que hoy llevan adelante ex presidentes como Ernesto Zedillo de México, César Gaviria de Colombia y Fernando Henrique Cardoso de Brasil, para contemplar esa salida como alternativa a las políticas represivas cuya eficacia muchos ponen en duda. En algún momento se consideró durante su gobierno una legalización de la marihuana, pero no pasó de eso.
Muchos más lejos ha ido ahora el Presidente José Mujica, un ex Tupamaro al frente del segundo gobierno de izquierda elegido por los uruguayos, quien ya anunció una iniciativa para concretar una liberalización controlada de la venta y producción de cannabis, en el marco de una serie de medidas para poner fin a la creciente inseguridad que agobia a los ciudadanos y, particularmente, uno de los “punto flacos” de su administración.
Mujica, quien también recela de la vía represiva –“ lo que estamos haciendo es gastando plata y perdiendo la guerra contra los narcos”- cree que a través de una apertura, controlada por el Estado, se le quitará poder y hegemonía a los narcotraficantes, se podrá llevar un registro y atención de los adictos, y además, se procuraría lograr un desvío en el consumo desde la “ pasta base” hacia la marihuana. Las autoridades uruguayas vinculan el incremento de delitos violentos, multiplicado por diez, al aumento del consumo de la pasta base de cocaína entre jóvenes, mayoritariamente marginales.
Pero tampoco esta medida resulta muy revolucionaria en el Uruguay, país en que el Estado maneja y controla el juego y es productor de bebidas alcohólicas y de alcohol, y donde el consumo de marihuana no está penado, aunque sí su venta. Esta especie de contradicción – fumar marihuana es legal, pero al comprarla se incurre en alguna forma de delito- incluso ha impulsado proyectos de ley, actualmente en el congreso, autorizando el autocultivo de cannabis.
La nueva iniciativa, entonces, no es tan innovadora, y tendría como propósito alcanzar además esos otros fines vinculados a la seguridad. La internación compulsiva de adictos extremos a la pasta base, -cuestionadas dentro de la propia izquierda-, y un control que se pretende imponer a los medios de información respecto a las noticias sobre hechos violentos y policiales, que se consideran atentatorias de la libertad de prensa.