¿Para qué sirve el feminismo en política? A juzgar por lo que pasa en Ecuador, para acceder a puestos políticos importantes y para estar “in” en redes sociales. El debate nunca fue más relevante ahora que se discute el veto o no veto del Código Orgánico de la Salud (COS). Un código que -en cualquier sociedad racional y consciente- debería pasar por abrumador consenso, pero en Ecuador está amenazado por todos los frentes.
A nadie le sorprende que partidos y grupos conservadores y candidatos presidenciales quieran imponer su visión de crimen y castigo, pero cero caridad cristiana. El colmo es que feministas declaradas dentro del Gobierno ayuden a poner más espadas de Damocles sobre estos temas. Sí, estoy hablando de María Paula Romo. La feminista por excelencia en el Gobierno – específicamente encargada de la política y de la relación con la Asamblea, por cierto- nunca se jugó por las reformas al Código Integral Penal para ampliar las causales de despenalización del aborto en casos de violación en el 2019. Pero lo que menos esperábamos es que su súper estrategia para mantener la Vicepresidencia entre amigos, terminara siendo una bofetada a las mujeres con la elección de María Alejandra Muñoz, ahora canal estratégico de conservadores anti-derechos en Carondelet. Gran jugada.
Soledad Angus Ferré preguntaba en redes ¿qué esperamos de la participación de feministas en política? Es una pirámide de Maslow donde la base de la igualdad ha sido en todas las sociedades garantizar el derecho a controlar nuestro cuerpo, a tomar decisiones básicas sobre nuestra salud física y síquica; el derecho a nuestra seguridad. Después, todos lo demás. Pero estos mínimos no son una realidad para la mayoría de mujeres en Ecuador y menos para las más pobres y vulnerables.
Pero en Ecuador, el debate cómodamente se ha centrado en contar mujeres en política, dejando de preguntar cuánto han mejorado la política pública o si han ayudado a que ésta sea menos machista. En el proceso nos hemos olvidado que las mujeres son esencialmente seres humanos con virtudes y defectos, no necesariamente mejores o peores por ser mujeres. Lo que ha pasado con el COIP y ahora con el COS deja una lección: es hora de dejar de lado el esencialismo, o la tendencia a creer que identidades sexo-genéricas, étnicas, regionales definen el carácter de las personas. Prefiero 100 Sebastianes Palacios a una María Alejandra Muñoz cuando se trata de defender la vida de las mujeres.
El veto presidencial sería una bofetada a las más de 180 mujeres que han sido procesadas por abortos consentidos saliendo del quirófano (generalmente sin fundamento), a las 117 mujeres que han muerto por complicaciones de abortos, partos y pospartos sólo en lo que va del 2020. Un veto presidencial confirmará además que la Ministra de la Política metió un caballo de Troya en Carondelet, sin beneficio de inventario. Vaya impostura.