Conseguir sanción para infractores de tránsito, siempre ha sido complicado. Los trámites judiciales continúan lentos, enredados, costosos y quienes los persiguen deben afrontar largas esperas. Al final, la fatiga inducía a terminar con un “arreglo económico”. El infractor aprendió que fugar era conveniente.
Hoy existe un nuevo ingrediente. Con tantos miles de sucesos; muertos, heridos, inválidos, etc, el prófugo tiene ventaja.
¿Y qué decir de accidentes de menor gravedad? Meditemos con este ejemplo.
El 24 de este mes de octubre se cumplió el primer aniversario de un proceso por accidente de tránsito con daños materiales.
El perjudicado no exigió reparación inmediata. Estuvo presente un policía, tomaron fotografías del vehículo causante del daño y de la conductora quien había estado utilizando el celular. Se creyó encontrar solución. La causante invitó a la perjudicada para que fuera con ella hasta su casa donde le pagaría el dinero convenido. Llegaron al domicilio, la causante ingresó, cerró la puerta de calle y no volvió a aparecer. En días posteriores ya no contestó ni las llamadas telefónicas.
Entonces vino la reclamación judicial. En la Fiscalía emitieron oficio para que se realice la inspección y cálculo de los daños del vehículo agredido: 31 de octubre de 2017.
La Fiscalía necesitaba su comparecencia para que rinda versión y realizar diligencias dispuestas por la ley: “el debido proceso”
Es evidente que la costumbre burocrática se ha instalado en ciertos trámites de la justicia. En el caso relatado Fiscalía pidió a la Unidad de Accidentología que cite y haga comparecer a la autora del choque, inclusive con la Fuerza Pública. No compareció.
Por segunda vez, emitió oficio para igual propósito. Se designó un segundo Agente. La respuesta: no la ha localizado, ni siquiera para la citación. Por tercera vez –ya el 2 de junio del 2018- nombraron otro Agente y su respuesta fue que no localizó a la autora.
Lo fastidioso es que el perjudicado debe ir a Fiscalía para gestionar la facción del oficio; una vez redactado, llevarlo al destinatario y traerlo de regreso, con la constancia. En esta labor transcurren los días y las semanas hasta que -con cierto fastidio- indicaron a la persona perjudicada que no hacía falta su concurrencia constante pues notificarían cualquier decisión al Casillero Judicial. Desde entonces no hay notificación alguna.
Se pidió la retención del vehículo causante, sin ningún resultado. El 15 de agosto de 2018 se pidió a un Juez de Tránsito que ordene -a nivel nacional- dicha retención. No hay respuesta.
Entre tanto, se cumplió el primer aniversario del proceso, sin que logren ni la comparecencia de la denunciada; menos, la retención del vehículo. En todo el país claman “que se haga justicia”. ¡El chofer fugó. Del resto se encargan el tiempo y los trámites!