@farithsimon
Otro legado del anterior gobierno es un estado permanente de inseguridad jurídica, una imposibilidad de prever el alcance de las normas, las acciones y actos prohibidos. Muchos funcionarios públicos actúan con un increíble margen de discreción, esto se da desde los más altos niveles ministeriales, las superintendencias, municipios y en las muchas nuevas entidades burocráticas.
La opinión pública conoce y discute las decisiones que tienen consecuencias políticas o económicas muy relevantes, sin embargo en el día a día muchos son los funcionarios que deciden sobre la vida, bienes y derechos de las personas, poniendo trabas, complicando las cosas, decidiendo arbitrariamente.
Piense a lo que se enfrenta al matricular un vehículo, importar o exportar un bien, obtener un permiso municipal para abrir un negocio o construir una casa. Hay trámites que han mejorado (renovar una licencia o la cédula de identidad), pero se multiplican los casos en que un Estado omnipresente, por una mezcla de paternalismo y autoritarismo, se mete en nuestras vidas.
Lo increíble es que mientras más normas, procedimientos, requisitos y costos se imponen, más anomia, es decir incumplimiento de las reglas se da en lo cotidiano, mayor desconfianza en la capacidad de regulación del derecho en nuestra sociedad y rechazo al Estado y su presencia.
De las muchas instituciones donde existe discrecionalidad hay algunas que se destacan como el Registro Civil. No podemos negar que mejoró sus servicios, pero se conocen varios casos en los que contravienen la ley y los derechos, usan sus reglamentos para establecer requisitos, exigencias o trámites absurdos. Daré dos ejemplos.
Un matrimonio de personas del mismo sexo, casados en un país que lo permite, muda su domicilio a Ecuador. Saben que no se les reconocerá su matrimonio, solicitan inscribir su unión de hecho y se lo niegan. El Registro Civil dice que no pueden tener una unión de hecho porque están casados, pero al mismo tiempo su matrimonio no tiene valor ¿Pueden imaginar mayor contrasentido? Solo existe para negarles derechos, esto parece homofobia y no legalidad.
Una pareja heterosexual que registró su unión de hecho decide casarse. En el Registro Civil les dicen que tienen que disolver su unión para contraer matrimonio. Las personas están libres de vínculo matrimonial, podrían casarse en cualquier momento entre ellos o con terceros, pero se les hace gastar tiempo y cientos de dólares para satisfacer a un burócrata que abusa de su poder ignorando normas expresas.
Uno de los retos de Moreno es desmontar este aparato burocrático pensado desde una visión totalitaria, porque además del abuso de estas decisiones, la corrupción crece porque mientras mayores y complejos sean los trámites, más “ayuda” se necesita. Estoy seguro que ustedes, estimados lectores, podrán añadir cientos de ejemplos de estas prácticas y recordará con indignación a los burócratas arbitrarios.