‘De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”, dice el dicho, y es verdad. También las quiebras de la seguridad y los fracasos de la democracia están empedrados de buenas intenciones, de ingenuidad y demagogia, de prejuicios de algunos y de dogmas de los más.
Ejemplos al canto: la ciudadanía universal, la apertura de las fronteras, la despenalización de delitos, la justicia indígena y el derecho a la resistencia.
“Grandes temas” que se metieron en el texto constitucional en los días de retórica tropical, cuando los asambleístas de Montecristi se convencieron de que estaban refundando la República e inaugurando la felicidad; cuando muchos creyeron haber encontrado la piedra filosofal de la política. En esos días de discursos, inspirados por los teóricos del “buen vivir”, y al impulso de la emotividad del populismo, un montón de ingenuos votaron por tesis que, al cabo dos años, han generado nuevos y graves problemas nacionales.
La ciudadanía universal ha derivado en “inseguridad universal”. Se abrieron las fronteras sin ton ni son, y no vinieron ni los ciudadanos del mundo ni las multitudes de turistas. Llegaron, de lo que se sabe, pícaros que industrializaron el matrimonio, aventureros y buscavidas.
Habrá, como rara excepción, algunos honrados emigrantes, pero la “percepción” es que aquello fue una enorme ingenuidad, una simpleza académica. Un disparate político. Un error perjudicial para la comunidad.
Después, sin consulta con la realidad, despenalizaron algunos delitos. El mensaje para los pícaros fue automático, y el efecto tremendo: prosperó la delincuencia bajo la idea de que se podía robar no más. La reacción fue peor: se incrementó la justicia por mano propia así como las quemas y linchamientos. Se afianzó la barbarie como reacción al disparate legislativo y a la indolencia judicial, a tal punto que tan tremendos episodios, por frecuentes, ya no son noticia. Claro que, asustados, quisieron echar marcha atrás, pero el daño ya estaba hecho.
La justicia indígena tiene más fondo, más compromisos e implicaciones. Los constituyentes crearon un sistema de justicia y de legislación paralelos, un régimen de cuasi soberanía comunitaria, una estructura que opera fuera del Estado, al margen y por sobre los jueces y tribunales. Léase lo que sobre el tema disponen la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial. Y averíguese cómo obra la justicia comunitaria, como se crean sistemas legales paralelos y poderes alternativos, que ya se han transformado en la piedra en el zapato del sistema político.
Por último, los constituyentes generalizaron la revocatoria del mandato, y como si fuera poco, legitimaron la rebelión y las medidas de hecho, a través del derecho a la resistencia contra la autoridad y como medio para alcanzar nuevas conquistas (art. 98 de la Constitución). Las “buenas intenciones” abundan…