Así veo al proyecto de reforma económica enviada por el gobierno al parlamento nacional. No tiene todo lo que podría abarcar o debería hacerlo para denominarse Plan Económico, pero reconoce la necesidad de imponer rectificaciones de importante calado en la configuración de esta política especializada, muchas de las cuales han sido reclamadas desde hace mucho tiempo por distintos frentes ciudadanos.
Entre estas modificaciones, sobresale el fin del uso del BCE como fuente de financiamiento del déficit fiscal. Esta es una noticia de primera plana que ayudará mucho a reconstruir la imagen internacional del Ecuador. Habrá que ver como se rescata lo prestado y como sanear las reservas internacionales, pero esa es una gran tarea por hacerse, que incluso deberá considerar el reverso de las daciones hechas en acciones de bancos públicos. Ojalá podamos prohibir también que los bancos públicos se los utilice para ese fin y con eso cerramos este círculo pernicioso de tomarse los ahorros nacionales.
Todo el plan de estabilización fiscal es otro hito en el sentido de recuperar la sensatez y redefinir el papel del Estado en la sociedad. Aquí, el control del déficit primario (no más deuda para pagar intereses) que se visualiza con el recorte del gasto en el 1.5% del PIB por año y el regreso de los fondos de estabilización son dos claros mensajes hacia una austeridad responsable. Estas labores, tomarán tiempo, pero deberán ser perseverantes y de significación para que los graves daños actuales no se desborden.
Otro tema vital es la recuperación del concepto de Sociedad Anónima y la limitación de responsabilidad de sus accionistas, con lo cual se defiende una institucionalidad que garantiza el compromiso de la inversión privada. Conjuntamente con los incentivos puestos (algunos que merecen reflexión) y el cambio normativo de las transacciones en las bolsas de valores, el sector privado tiene un mensaje interesante para recuperar su interés en el país.
El tratamiento de la deuda pública, cuyo tope del 40% del PIB se lo mantiene pero que no podrá cumplirse durante todo el proceso de estabilización fiscal, exige un gran compromiso nacional. Es necesario reconocer que no es posible prohibir nuevas contrataciones por los imprevisibles efectos de descomposición en la ya precaria situación actual, como tampoco puede dejarse abierta esa posibilidad para que siga esa ruta irresponsable, por lo cual será necesario arroparla de normas que aseguren su uso indispensable y construya una trayectoria de convergencia (que tendrá una joroba inicial) hacia el tope irrespetado.
Finalmente, es importante tener presente que el paso dado en la dirección correcta es recién el inicio de un largo proceso de recomposición económica.
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