Tiene razón el presidente Correa cuando señala que los servidores públicos -y entre estos, los maestros- antes de los últimos años, en su mayoría, se jubilaban con pensiones de miseria sin recibir liquidaciones importantes, ni jubilaciones patronales, salvo algunas entidades -entre estas las universidades- que tenían jubilaciones complementarias.
La normativa de la Asamblea Constituyente del 2007 y luego las normas legales que se han dictado, al establecer que los que decidan jubilarse recibirían cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por año de servicio, contado a partir del quinto año, y hasta un máximo de 150 salarios, que en el tope llega al año 2013 a USD 47 700, además con mejores pensiones por la unificación salarial implementada desde el año 2007, promete una tercera edad más llevadera que en los tiempos anteriores.
Mientras las liquidaciones operaron con acreditación de los respectivos valores, los jubilados podían hacer alguna inversión material para mejorar su calidad de vida.
Cuando las cifras presupuestarias del Estado privilegian otros gastos e inversiones aparece la propuesta de pagar las liquidaciones al retiro del servidor en bonos del Estado.
Solo en el magisterio fiscal -desde el preescolar hasta el bachillerato- y en el universitario, en los inmediatos cuatro años se estaría por cerca de treinta mil jubilados.
A valores del 2013 -y todos los años se revisa el valor del salario básico unificado- sería más de tres mil cuatrocientos millones de dólares. El Gobierno estaría ofreciendo pagar esa suma en bonos a 10 años, con amortización a partir del sexto año, con el 5% de interés anual.
El problema está en las expectativas, porque de no decidir el jubilado vender los bonos, 5% anual significaría un incremento de ingreso mensual de USD 238,50, hasta que se vaya pagando el capital de los bonos.
El gobierno señala que los bonos pueden ser negociados si el jubilado requiere liquidez. De emitirse los bonos como se rumora, con condiciones restringidas en cuanto a su posibilidad de negociación, no podrían ser adquiridos por ninguna entidad pública -IESS/Biess, por ejemplo- tampoco servirían para encaje de bancos privados ni de reserva técnica para empresas de seguros.
¿Por qué las restricciones?, porque el Gobierno para sí y para otros bonos que emita, quiere asumir la liquidez de las citadas entidades usualmente demandantes de títulos valores.
¿Habrá otros demandantes de papeles de negociación restringida?: sí, con elevados descuentos, por sobre quince o veinte por ciento de su valor nominal.
¿La edad de un jubilado lo forzará a vender?, quizás, pero no debería ser perdiendo una parte importante de la liquidación.
¿Cuál es mi petición concreta?: que los bonos para jubilados no sean de negociación restringida. El Estado puede manejar flujos mucho mejor que los jubilados.