El gobierno de Bolivia cambia la política de producción de la hoja de coca mantenida por casi tres décadas, con una nueva ley que permite incrementar los cultivos legales de 12 000 a 22 000 hectáreas, mientras voces independientes y de oposición alertan que la medida fortalecerá al narcotráfico.
Desde 1988, la extensión autorizada para el cultivo del vegetal, ascendía hasta 12 000 hectáreas, de acuerdo a la Ley 1 008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de julio de ese año, una norma en sintonía con la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.
Esa Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalaba el camino de una progresiva extinción de la hoja de coca para fines de masticación (acullico), una práctica tradicional entre pueblos indígenas andinos, muy fomentada en tiempos de la colonia española, cuando miles de nativos eran forzados a explotar minerales en profundos socavones, apenas alimentados con hojas de coca.
En Bolivia, el consumo tradicional de la hoja de coca siguió un comportamiento inverso, de crecimiento, y según la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, actualmente unos 3,3 de los 11 millones de habitantes consumen el vegetal mediante usos tradicionales.
Con esos datos justificó la aprobación final, el 24 de febrero, de la nueva Ley General de la Coca en las dos cámaras de la Asamblea Plurinacional Legislativa, que ahora está pendiente de la promulgación del presidente Evo Morales, en una fecha aún no establecida.
El mandatario emergió a la palestra pública como líder de los siete sindicatos de cultivadores de la hoja de colca en la región central del Chapare, en el departamento de Cochabamba, en medio de la lucha de varios gobiernos conservadores para erradicar el cultivo, en cumplimiento de la Ley 1.008 y la Convención.
La lucha de este dirigente aymara contra la ley, que sirvió para un duro combate contra el cultivo de las fuerzas antidrogas, apoyadas por los agentes de la Agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), lo catapultó como figura popular y luego política, hasta alcanzar la presidencia en enero de 2006.
Montaño estima que la producción anual asciende a 30.900 toneladas métricas, y de ellas 24.785 toneladas serán empleadas en usos medicinales, en consumo mediante infusiones y rituales, argumentó.
El resto, calculado en 6.115 toneladas, será destinado a la industrialización, investigación y exportación, asegura.
En una evaluación del cumplimiento de la Convención de 1961, el médico e investigador Franklin Alcaraz comentó a IPS que en América del Sur solo Ecuador consiguió erradicar la costumbre de masticación de la hoja de coca.