Ecuador está a las puertas de sentarse en el banquillo de los acusados por la falta de protección a los pueblos indígenas aislados tagaeri-taromenani, habitantes de la selva del Yasuní. El caso, luego de que han transcurrido 14 años de la matanza ocurrida en 2003 y ocho años después de la matanza de 2013, pasó de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte.
Las cartas para la defensa del país están echadas: mostrarán la Constitución, el artículo 57 y las leyes, además de la absurda y trespatinezca sentencia disfrazada de intercultural dictada en el juicio instalado contra los guerreros waorani, y hasta podrán mostrar los millones que ha dado ahora Francia para luchar contra la deforestación en el Yasuní así como culpar al mundo de no haber colaborado para dejar el crudo en tierra en el bloque 43-ITT.
El papel aguanta todo. Pero en la realidad, la cosa es más complicada. ¿Cómo explicarán una matanza ocurrida siete años después de tener unas medidas cautelares que cumplir para protegerlos además de las varias muertes que ocurrieron en la zona? ¿Cómo explicarán que fueron al lugar de la matanza ocho meses después de ocurrida? ¿Cómo explicarán que quisieron dar unas horribles casas de cemento a manera de reparación a la familia de Caiga Baihua, muerto a punta de lanza, y que cuatro años después, no las han terminado? ¿Cómo explicarán que no hay, desde 2003, ningún patrón de la madera detenido, tampoco ningún vendedor de armas y municiones con las que dispararon a los tagaeri-taromenani y que tampoco renunció ningún funcionario de aquellos que quiso ocultar lo sucedido? ¿Cómo explicarán las actuaciones del entonces Fiscal General? ¿Y qué decir de la lanza taromenani entregada —de manos de quienes fueron a la mortal expedición— a quien fuera presidente entonces, casi como un trofeo? ¿Cómo van a explicar que mientras recogían los fondos para “salvar el Yasuní y proteger a los pueblos aislados”, bajaban en grandes barcazas la tubería, construían la infraestructura y abrían la carretera para la explotación del ITT?
Y ahora, sin ir más lejos… ¿Cómo explicarán la fiebre de la balsa desatada durante la pandemia y que afecta directamente a sus territorios, denunciada desde marzo pues los balseros estaban entrando cuando las comunidades estaban en pleno confinamiento poniendo en riesgo de covid a los habitantes de la selva? ¿O el derrame que acaba de ocurrir el en el río Shiripuno, cuyas aguas bañan el territorio tagaeri taromenani y que ha afectado directamente a las comunidades El río Shiripuno desemboca en el río Cononaco, el cual recorre la Zona Intangible Tagaeri Taromenane por las comunidades de Omakaweno, Sandoval, Bameno y Boanamo, quienes comparten territorio con los tagaeri-taromenani? ¿Cómo explicarán las muertes de chicos y chicas waorani de contacto inicial que son presas del veneno? ¿O el hambre en esas comunidades pues ya no hay cacería?