Francisco Rosales Ramos

El Banco Central

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Miércoles 01 de agosto 2018


La ley de reactivación económica, próxima a expedirse, dará un primer paso para devolver la autonomía al Banco Central. Asunto indispensable, porque no hay país organizado en el cual el Banco Central, con cualquier nombre que tenga, no goce de autonomía indispensable.

El Art. 261 de la Constitución de 1998 determinaba que el Banco Central era persona jurídica de derecho público con autonomía técnica y administrativa y cuyo objetivo era velar por la estabilidad de la moneda. El Art. 265 prohibía al Banco Central “conceder créditos a las instituciones del Estado y adquirir bonos u otros instrumentos financieros emitidos por ellas”. El bodrio de Montecristi eliminó la autonomía del Banco Central y determinó que la ley establecerá su organización y funciones. Y el Art. 26 del Código Monetario y Financiero, dispuso que “el Banco Central es una persona jurídica de derecho público, parte de la Función Ejecutiva”, con lo cual destrozó la naturaleza propia de un Banco Central y lo sometió a los intereses y caprichos del jefe de Estado. Resultado: el Banco Central ha sido la segunda caja chica del gobierno de Correa -la primera fue el IESS- pues le ha extraído más de seis mil millones de dólares y con el cinismo propio de la RC, le ha pagado parcialmente entregando en dación en pago acciones de la banca pública, imposible de venderlas. Así, el Banco Central ha sido obligado a sustituir las reservas líquidas indispensables para atender los requerimientos de sus depositantes, por un hueso, que solo sirve para maquillar sus balances. Es hora de establecer responsabilidades.

Fui parte de la antigua Junta Monetaria por cerca de 4 años y medio. Veintiocho meses como ministro de Industrias y Comercio y dos años como vocal designado por los sectores empresariales de la Sierra. Subrayo el término designado, no representante, porque al integrar la Junta Monetaria, la única misión es velar por el interés nacional. En esas dos ocasiones aprecié el alto nivel técnico y profesional de los funcionarios del Banco Central que, en sus informes y opiniones, buscaban exclusivamente el bien de la nación y no se sometían a la voluntad del gobierno. Verdad es -así debía ser- que el gobierno tenía mayoría en la Junta Monetaria, 5 de 8 votos, pero, verdad es también que la presencia de los 3 vocales designados por el sector privado impedía al gobierno irrespetar la autonomía del Banco Central y obligarlo a realizar acciones prohibidas o inconvenientes.

De no ser por la dolarización establecida el 2000, un Banco Central dócil y convertido en mera dependencia de la Función Ejecutiva, habría provocado un descalabro monetario, similar al que penosamente vive Venezuela. Pobre país chavista, este año experimentará una inflación de más de un millón por ciento, que agravará la brutal escasez de alimentos, medicinas y otros bienes indispensables.