La necesidad de que el Banco Central se maneje técnicamente y alejado de las tentaciones gubernamentales de turno es indiscutible. Aquí y en cualquier parte del mundo. En la Reserva Monetaria están los depósitos que en el Banco Central hacen los bancos y cooperativas obligados a mantener un encaje en relación con los depósitos que reciben del público, los fondos de las entidades públicas obligadas por ley a mantenerlos en el Banco Central y por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, básicamente.
Son depósitos que pertenecen a terceros, no al gobierno. Por lo mismo, no puede disponer de estos a su arbitrio, por buenos que sean los propósitos que se persigan. Disponer de esos fondos ajenos ha conducido a que la Reserva no cubra totalmente esos depósitos, a lo que se suma que bienes ilíquidos recibidos del gobierno en pago de los recursos entregados, no pueden convertirse en efectivo inmediato en caso de necesidad. Esto no tiene sustento racional ni técnico en ninguna parte y pone en riesgo el mantenimiento de la dolarización.
La ley que discute la Asamblea busca que la cifras del Banco Central sean transparentes. Que estén debidamente separadas para poder identificarlas y no permitir enredos como los que ahora experimenta. Para que todos podamos saber lo que realmente pasa. Para que no se puedan hacer chanchullos.
La Ley es necesaria no solo para que el Banco Central no satisfaga de manera inconveniente necesidades fiscales o políticas; es indispensable una institución que por su independencia y seriedad sea confiable para saber que las cifras que publica corresponden a la realidad y para que la comunidad nacional e internacional puedan proceder de manera adecuada y beneficiosa a la economía nacional. Cuando no hay información económica independiente y confiable, los actores económicos desconfían y sus actuaciones son débiles o antagónicas.
Seguramente se pueden mejorar muchas cosas en el proyecto en discusión. Una de esas tiene relación con los directorios sugeridos. No se ve razón para que existan dos. La Junta Monetaria debe regir al Banco Central y ser la que dicta las normas para el funcionamiento de la economía en lo atinente al sector financiero, y debe tener en su seno un representante del Gobierno. No es conveniente que sus miembros sean a tiempo completo, por el riesgo que implican varias cabezas que distorsionarán la administración y disminuirán la autoridad del Gerente del Banco Central.
El que el Banco Central sea independiente no quiere decir que no tenga relación con el Gobierno y sus planes y propósitos. El Banco Central es parte del Estado. Lo que no puede es ser instrumento de solución de las necesidades fiscales y de la politiquería y para eso debe tener reglas claras.
La Asamblea tiene la responsabilidad de dar certezas y proteger la dolarización.