Columnista invitado
Alcumplirse quince años del Plan Colombia, se realizó un balance crítico sobre la preocupación regional que genera la situación de Colombia con un conversatorio organizado por FLACSO, dándo continuidad a otras reuniones como la realizada por ILDIS y la Universidad Andina en marzo de 2013, para analizar los “Efectos regionales del proceso de paz colombiano”.
En un escueto resumen se recordó la inseguridad vivida en la frontera norte, cuando en Pompeya, un comando guerrillero asalto al campamento petrolero de REPSOL YPF secuestrando a 10 técnicos. Dieron muerte a Roy Sanders para presionar un rescate de 13 millones, en medio de inmensas operaciones militares y policiales para restituir la paz y la seguridad.En esas circunstancias, el Cosena emitió la Política de Seguridad de la Frontera Norte, con prioridad al desarrollo social y económico, a cargo de la Unidad de Desarrollo Norte, Udenor además del reforzamiento militar.
Para diciembre de 2002, el gobierno emitió la Política de Defensa Nacional, seis meses antes de la publicación del Plan Colombia, mientras Ecuador se encontraba en la fase de implementación de su política. En 2003, cuando las FARC desplegadas en Cundinamarca trataron de avanzar hacia Bogotá, para buscar apoyo insurreccional y tomarse el poder, las Fuerzas Militares colombianas, extendieron los planes Libertad y Omega, hacia Cundinamarca y Caquetá, con los cuales quebraron el objetivo guerrillero y en una intensificación ofensiva, avanzaron hacia los departamentos de Nariño y Putumayo, retaguardia de las FARC, con graves repercusiones de refugiados y violaciones del espacio aéreo ecuatoriano.
Las violaciones del espacio aéreo fueron reconocidas por Colombia y pidió disculpas, (La Hora, Uribe se disculpa, 3 febrero, 2006) completándose con una Declaración Conjunta de Ministros de Defensa en 2006.
Actualmente al margen de las divergencias por las que no se llego a la firma del Acuerdo de Paz, hay necesidad de prever las consecuencias inmediatas para la frontera de nuestro país.
Las bandas criminales Bacrim, el narcotráfico, la atención a los refugiados y la seguridad de la población, merecen un estudio detallado y una reunión del Consejo de Seguridad Publica y del Estado, Cosepe, considerando la falta de protección del espacio aéreo por la falta de radares y helicópteros, sin el Sistema de Vigilancia Amazónica SIVAM, y con las FFAA en apoyo a la Policía para el orden público, menoscabando la protección fronteriza que impida el ingreso de la droga.
La acuciosa verificación del rancho, de la igualdad entre oficiales y tropa, no contribuyen sino a crear división, restar autoridad, desmoralizar, crear desconfianza. La equidad si existe pero dentro de las categorías, como en toda organización jerarquizada.