El canadiense Fraser Institute publicó su más reciente encuesta anual de las percepciones sobre la minería en el mundo; para Canadá y EE.UU., incluye a provincias y estados de manera individual.
En Ecuador vivimos días de cambios sustanciales en la minería: salimos del período en que rigió un mandato de paralización de la actividad minera; se cambió la ley; el Gobierno extendió permisos para operar a unas pocas empresas, y se espera que dé luz verde a otras.
Informes como el de Fraser toman tiempo en salir a la luz, desde que se receptan los datos de los encuestados. La entrega correspondiente a 2009/10 refleja lo que sucedió en el pasado inmediato.
Nuevamente el Ecuador aparece como país de importante potencial minero que no se materializa por las políticas públicas.
Entre los 71 países o provincias cubiertos, Ecuador se ubica por la mitad en cuanto a potencial minero (#37) si se hace abstracción del marco regulatorio. Pero al preguntarse el potencial dentro del marco jurídico vigente, los encuestados ubican penúltimo al Ecuador, superando solo a Venezuela. Chávez, a diferencia de Correa, no busca la inversión minera.
El Presidente suele denunciar una política de descrédito hacia el Ecuador: de Chevron, en el contexto del arbitraje de Uncitral y el juicio que se ventila en Lago Agrio; de Transparencia Internacional y su informe sobre la corrupción; y del GAFI, entre otros.
Ahora se añadirá Fraser a la lista.
El Gobierno requiere la inversión minera como generadora de ingresos fiscales. El Presidente se manifiesta a favor de la gran minería. Pero en materia de imagen externa, el Régimen no parece percatarse de lo que cuenta para los inversionistas.
Fraser reproduce un comentario recogido en la encuesta, que considera representativo:
“Actitudes nacionalistas como las del Ecuador, que incluyen la confiscación de propiedades, paralización de actividades exploratorias durante 18 meses, y cancelación de títulos mineros sin razón jurídica valedera, solo causan el abandono de la inversión de alto riesgo”.
El gran despegue minero que se vislumbraba al amparo de la ley hoy derogada queda reducido a unos pocos proyectos donde se han encontrado importantes depósitos. El aurífero de Aurelian es uno; Ecometals, también aurífero y vecino de Aurelian, es otro. Y Corriente, en el mismo sector pero cuprífero.
Corriente necesita un socio grande para hacer frente a la inversión requerida; lo encontró en la estatal china Tongguan. Pero esta dio plazo hasta el 28 de abril para que el Gobierno conceda todos los permisos que faltan para arrancar con la mina, de lo contrario retira su oferta.
No son solo los norteamericanos y europeos los que demandan seguridad jurídica. También los nuevos amigos del tercer mundo.