Más que una obligación constitucional es una sindéresis elemental de los regímenes presidencialistas en una república democrática. Consiste en que las relaciones exteriores son exclusivas del Presidente que las ejerce, aplica y desarrolla por intermedio de la cancillería. El parlamento, en este ámbito, queda relegado a la ratificación de los tratados internacionales, excepcionalmente a un juicio político abierto al canciller y un casi imposible al Presidente de la República, en el hipotético caso de traición a la patria.
En estos parámetros en que se ejerce la política exterior, es indispensable indagar sobre las relaciones del Ecuador con la República Islámica de Irán, pues a pesar de su complejidad y atención mundial, en nuestro patio recibe displicencia política, jurídica y académica. Como si estuviéramos en la década de los años 30 del siglo pasado y no existen inquietudes y veleidades respecto al fascismo o el nazismo. La globalización actualiza las percepciones minuto a minuto, pero no implica que genere idiotez colectiva.
El abordaje de tan difícil tema, a nivel de los países debe tener múltiples opciones pero es posible, en los márgenes del ensayo y de la hipótesis, agrupar a tres conjuntos.
La gran mayoría de las naciones – gustosas o no – se alinean con la decisión de las Naciones Unidas respecto a estrictas limitaciones a las relaciones con Irán mientras subsista un peligro nuclear que no puede ser comprobado ni descartado. A esta decisión mundial se suma el cerco del GAFI que castiga relaciones financieras bilaterales. Un segundo grupo se caracteriza por mantener relaciones cordiales y frecuentes con el régimen persa, sin contrariar las decisiones de la ONU pero manifestando signos de flexibilidad y tolerancia. Es posible que a manera de ejemplo se ubique a Brasil en este capítulo.
Un tercer grupo -revolucionarios de viejo y nuevo cuño- repudia la decisión de la ONU y busca acercamiento directo con el régimen de los Ayatolas. Se expone a caer en solidaridad que vulneraría las decisiones de la ONU y las severas sanciones del GAFI; sin embargo, consideran que en el segundo decenio del siglo XXI el petróleo todo lo puede. Ecuador se encuentra en este capítulo. Incluso, acepta de acuerdo a lo convenido en enero, en intermediaciones financieras light o ingenuas a fin de mantener corredores abiertos entre el origen y el destino de los flujos. Es una decisión soberana, pero debatible por sectores ciudadanos que evalúan los efectos en los campos económicos y políticos de tamaña aventura. Es claro que la decisión corresponde a quienes conducen la política exterior; pero, el debate ciudadano es necesario, salvo que los miembros de la Corte Constitucional- en plena etapa del celo reeleccionista- lo prohíban por razones de seguridad nacional. Una “Corte” así, ningún autócrata puede desdeñarla.