Diego Araujo Sánchez

Avión presidencial en venta

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Martes 04 de diciembre 2018

Andrés Manuel López Obrador puso en venta el avión presidencial y la flotilla de naves para uso de los funcionarios federales para dar fe de la austeridad que pretende imprimir en su gobierno. Solo dos años atrás aterrizó en Ciudad de México el lujoso Boing 787-8 para sustituir a otra nave en la que viajaban los presidentes desde hace más de veinte años. El nuevo avión generó polémica por su costo: USD 218, 7 millones.

Si en una economía de la magnitud de la mexicana, esa aeronave resulta un lujo faraónico e hiriente cuando sectores de la población sobreviven en la pobreza, ¿qué representarán los aviones presidenciales para países con economías menores y grupos sociales en situación de miseria?No todos los Estados cuentan con aquellas aeronaves. ¿Cómo se desplazan los mandatarios en esos casos? En vuelos comerciales, como se transportará López Obrador. Su gesto pasa por un oportuno ejemplo para el Ecuador.

Según el informe de Contraloría, solo entre 2014 y 2017, se gastaron USD 11,06 millones por la operación de los dos aviones presidenciales, el Legacy 600, adquirido en 2008, y el Falcon 7X, en 2013. Hubiese sido, sin duda, bastante menor el pago si Correa, Glas y el canciller Patiño, los usuarios más frecuente de esas naves, se desplazaban en vuelos comerciales. Tampoco se hubiesen cometido los presuntos abusos de los cuales ofrece indicios la auditoría, ni las oscuras sospechas cuya investigación y esclarecimiento reclama la opinión ciudadana: vuelos sin detalle de pasajeros, ni autorizaciones de la Secretaría General de la Presidencia; desplazamientos simultáneos de las dos naves y aviones de TAME y de Petroecuador; vuelos a paraísos fiscales, solo con la tripulación y sin pasajeros, ni detalle de carga…

El presidente Moreno anunció que vendería el Legacy. Pero aún no se cumple la oferta. Si un análisis de costos-beneficios lo justificara, ¿por qué no vender las dos naves?

Los altos precios del petróleo generaron en la década pasada una actitud de nuevo rico, con lujos, despilfarro y corrupción. El espejismo de los años de vacas gordas llevó a olvidar la verdadera condición del país. Los precios de la economía se sobredimensionaron: ¿no ocurrió aquello con sueldos del sector público, como los que se ubican entre USD 3 000 y los 5 000 y más mensuales?
López Obrador también ha anunciado que se recortará el 40% de la remuneración presidencial.

Si nuestro próceres en el Congreso y las demás funciones del Estado renunciaran a sus asesores y, cuando reciben por encima de los USD 3 000, se rebajaran el porcentaje que se les exigía para los movimientos políticos del oficialismo o diezmos como los que llegaban a la cuenta de la señora Vicuña, ¿no ganarían en credibilidad y darían una señal de ética pública?