Lolo Echeverría Echeverría

Autores coadyuvantes

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Sábado 08 de octubre 2011
8 de October de 2011 00:01

Quienes consideran que no es posible una democracia verdadera sin la separación de poderes se escandalizan con la actitud sumisa de la Justicia y el ánimo servicial de la Asamblea Nacional. Los contrapesos entre las funciones del estado pretendían evitar que el ejercicio del poder camine hacia el autoritarismo. Los partidarios del nuevo constitucionalismo, por supuesto, ven como recalcitrantes liberales a quienes defienden la doctrina de Montesquieu y buscan argumentos para defender la colonización de los poderes más débiles por parte del más fuerte.

En nuestro país no se llega a defender abiertamente el poder único y simplemente se niega la realidad afirmando que los poderes son autónomos. En Venezuela, la Presidenta del tribunal Supremo de Justicia, Dra. Luisa Estrella Morales, sostiene que “hay que dejar atrás la barrera clásica liberal de la separación de poderes que ha impedido que el Estado se erija como un solo ente” y el coronel Chávez argumenta que el principio de separación de poderes debe ser reemplazado por el de la “autonomía entre poderes”, que es propio del “constitucionalismo popular” al que “le tienen pavor los yanquis y sus lacayos”. No se sabe qué quiere decir, pero si le tienen pavor los yanquis, debe ser muy bueno…

Nuestros jueces, fiscales y abogados deberían defender mejor la independencia judicial. No puede ser que no vean ninguna amenaza o que hayan olvidado el artículo XVI de la Declaración de los derechos del Hombre de 1789 que dice: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene Constitución”.

La indefinición entre las funciones del Estado ecuatoriano quedó en evidencia cuando el Presidente de la República dijo, en cadena nacional, que “nadie reclamará, si no funciona la justicia, a la Asamblea ni al Consejo de la Judicatura, sino al Gobierno”. Quedó claro que el Consejo de Transición es concebido como un instrumento del Ejecutivo para organizar la administración de justicia. El juicio de los 40 millones ha dejado en evidencia lo que se entiende por justicia. Del código penal se extrajo una interpretación para crear la figura del “autor coadyuvante”. La tipificación quedará explícita en el nuevo código para santificar, a posteriori, el fallo del juez. La justicia ya no es más que uno de los “poderes coadyuvantes”.

La Asamblea Nacional, un año después del 30 de septiembre, intenta aprobar un acuerdo estableciendo que la sublevación policial fue un intento de golpe. La pretensión delata que ellos mismos no están convencidos o saben que el país sabe que ellos saben lo que realmente ocurrió y pretenden escribir una versión oficial de la historia.