País pequeñito y desvertebrado el nuestro, con diferencias culturales tan abismales entre sus habitantes como que caben todas las visiones posibles sobre temas minúsculos y ni digamos de gran aliento y trascendencia como pueden ser los asuntos relacionados con la educación superior y su autonomía.
Desde luego que tal situación responde a un proceso histórico compartido por todos los países iberoamericanos. Siendo verdad también que en ese recorrido unos fueron adelantándose y a otros les correspondió la zaga. Casos se dieron en que luego de dictaduras feroces en las que las universidades fueron amordazadas llegó la paz de los espíritus y la luz del entendimiento: la autonomía universitaria no era otra cosa que la libertad de opinión y de expresión, el respeto por la opinión ajena, la confrontación de las ideas un acto de paz, el ejercicio de una cátedra tan solo y únicamente por méritos propios. A nosotros nos correspondió lo peor: el desinterés del Estado por la educación superior, la autonomía universitaria llevada a extremos de anarquía, los espacios universitarios convertidos en campos de intolerancia, y todo a vista y contento de quienes iban a lo suyo sin que les importara un carajo la suerte del país.
Y así llegamos al presente: la Ley de Educación superior propuesta por un Gobierno que no podía quedarse con los brazos cruzados ante uno de los grandes capítulos que explican el desastre nacional. El debate como era de esperarse responde a visiones diferentes y también a intereses que se hallan en juego. Unas apuntan a lo esencial: la autonomía universitaria, digamos, noble bandera de lucha si se la comprende como yo la entiendo.
De ahí que sea de la opinión que la creación de una Secretaría de Educación Superior como propone el Gobierno nada tiene que ver con la autonomía de las universidades y politécnicas. Según el texto enviado a la Asamblea Nacional, tal Secretaría “es el órgano que tiene como obje-tivo ejercer la política pública de educación superior y coor-dinar acciones entre el ejecuti-vo y las entidades de educación”. El organismo ejecutor “El Con-sejo de Educación Superior estará integrado por cuatro representantes del Ejecutivo, seis académicos, quienes serán escogidos por concurso público, y uno de los estudiantes. El presidente del Consejo tendrá voto dirimente”. Si de entre los seis académicos tres son rectores en ejercicio, no tendría otra objeción.
Dada la realidad de nuestro pequeño país el gobierno de Correa está procediendo con responsabilidad: autoritario, posiblemente por necesidad. En todo caso, si miramos el pasado, no podemos estar de acuerdo con los ‘anarquistas’ para quienes todo estaba bien cuando en lo último que se pensaba era en el interés nacional.