Diego Araujo Sánchez

Atracos en la impunidad

valore
Descrición
Indignado 4
Triste 4
Indiferente 1
Sorprendido 0
Contento 59
Martes 08 de enero 2019

daraujo@elcomercio.org

El Gobierno ha entregado a la Fiscalía y a la Contraloría el informe técnico, con el aval de las Naciones Unidas y a cargo de empresas especializadas, en el cual se ratifican las irregularidades en cinco obras del correísmo: abultados sobreprecios, mala calidad de la ejecución, inutilidad del gasto…

La rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas se presupuestó en USD 754 millones, terminó con un costo de USD 2 330 millones y funciona con su capacidad reducida. En el proyecto de Refinería del Pacífico se gastaron USD 1 521 millones, con un 23% de sobreprecio. Los terrenos quedaron aplanados y millones, botados. La historia se repite en el Terminal Monteverde, el Poliducto Pascuales-Cuenca, la Planta de Gas Natural Bajo Alto: sobreprecio, fallas graves en la construcción, funcionamiento a medias. En las cinco obras, el Estado gastó casi USD 5 000 millones, el doble de lo que debía invertir.

La corrupción de la década desborda las posibilidades de la Justicia para establecer responsabilidades y sanciones y recuperar al menos parte del millonario atraco al dinero de los ecuatorianos. El presidente Moreno recordó que su Gobierno ha presentada más de 500 denuncias de corrupción en el régimen precedente y que existen 317 funcionarios con indicios de responsabilidad penal. ¿Y esos juicios? La prometida cirugía mayor a la corrupción avanza tarde, mal o nunca.

La selección de nuevo Fiscal General del Estado reviste enorme trascendencia. Pero se hallan en proceso de recuperación tanto el Ministerio Público como las cortes y tribunales en los que metió sus manos el expresidente Correa según propia confesión. No dan aún señales de contar con capacidad para romper el cerco de impunidad gracias a cuya protección proliferó la desmesurada corrupción de la década.

La cirugía mayor necesita la colaboración internacional: un grupo independiente que apoye a la Fiscalía para investigar y procesar a los responsables de los atracos.

Guatemala firmó un convenio con las Naciones Unidas en diciembre de 2006 para contar con la Comisión Internacional contra la Impunidad, que ha destapado grandes casos de abuso del poder o de los recursos del Estado, entre ellos los que llevaron a la cárcel al ex presidente Otto Pérez Molina; las investigaciones han topado a personajes tan cercanos al presidente Jimmy Morales como su hijo y un hermano. La Comisión se organizó también para desmantelar los cuerpos ilegales y los aparatos clandestinos de seguridad. Mutatis muntadis, en nuestro país se requiere apoyar al Ministerio Público en la lucha contra la corrupción y para seguir la ruta del dinero mal habido y recuperarlo a fin de reparar los daños irrogados al Estado. Sin esa colaboración, los atracadores de los recursos públicos se mantendrán en la impunidad.