Imaginar un político que aborrezca la política está más allá de la imaginación, es como un león con alas, una quimera. Los políticos están obligados a seguir diciendo que es la actividad más noble que existe, porque se ocupa del bien común y todos se presentan como desinteresados benefactores que no buscan nada, sino que se entregan a una vida de servicio, renuncian a los beneficios que podrían obtener aplicando su talento y popularidad en negocios lucrativos. Más desprendidos que Santa Teresa de Calcuta.
La realidad nos muestra algo diferente. Hay políticos que roban todo lo que pueden, comparten el botín con sus cómplices y hacen leyes para taparlo. La última historia de ladrones, que es nuestra historia, se refiere al reparto de carnés de discapacidad. Esos carnés debían servir para que los discapacitados se beneficien de alguna rebaja en impuestos, no para que una banda de ladrones venda a USD 1 300 dólares cada uno y para que otros ladrones puedan comprar carros de lujo liberados de impuestos y se ganen USD 60.000.
Con muestras de indignación nos dicen ahora que revisarán los carnés concedidos y prohibirán la importación de vehículos liberados de impuestos. El remedio perjudicará a los discapacitados de verdad, pero no afectará a los ladrones, a ellos las leyes les protegen. La Asamblea aprobó en octubre de 2018, por unanimidad, y con la sanción del Ejecutivo, una reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades para prohibir la revisión de los carnés. Dice textualmente la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos en el Art. 10: “Se prohíbe exigir la recalificación de la discapacidad” y en el Art. 115 añadió como infracción sujeta a sanciones: “Exigir la recalificación de la discapacidad”.
Las investigaciones ofrecidas llegarán, si acaso, a revisar los carros de lujo importados y la venta de carnés, pero no será fácil probar si los falsos discapacitados se acogen a la reforma que prohíbe la recalificación. El tema quedará para la chacota que ha empezado ya con el rumor de que todos los asambleístas son discapacitados y la burla de que no ven nada malo porque han sido ciegos.
Para superar la crisis de los partidos políticos y las instituciones públicas y para combatir la corrupción, habría que pasar por encima de los partidos, aprobar leyes por consulta popular; leyes que resuelvan problemas concretos y que castiguen a los que se burlan de ellas, las interpretan o las reemplazan por otras a su conveniencia. Sin embargo, cuando alguien propone un proyecto en estos términos, los políticos y sus monaguillos rechazan la propuesta, la consideran tramposa y se envenenan con sospechas. Prefieren continuar con los pleitos entre poderes e instituciones, cabildeos para llevar el agua a su molino, argumentar a favor de sus amigos o benefactores y mantener vivos los rencores, los prejuicios y los estereotipos que han podrido la política.