Francisco Rosales Ramos

Bloqueo

Si alguien duda del bloqueo a la política socioeconómica del Gobierno por parte de la Asamblea y algunos grupos sociales, como la Conaie, el correísmo, Pachakutik y, de alguna manera, el Partido Social Cristiano, simplemente no ve la realidad.

En abril el país votó por una tendencia política y por un programa de gobierno que debe ser ejecutado por el presidente Lasso. En un régimen democrático como el que supuestamente rige en Ecuador, los grupos políticos y sociales están en la obligación de al menos no estorbar, para que se ejecute ese programa. La situación económico-social es desesperante y exige acciones valientes, rápidas y coherentes para salir de ella. La brutal crisis agravada por la pandemia en un país que ya venía desde 2015 ‘raspando la olla’, exige dinamizar el crecimiento de manera urgente. No es aceptable el crecimiento raquítico de 2 o 2,5% en los próximos años, con lo cual volver a los niveles de 2019 tomaría más de un quinquenio, mientras apenas el 30% de la población económicamente activa tiene empleo adecuado. Las tensiones sociales pueden estallar, especialmente si existen intereses descarados, como los de los seguidores de
Correa y la extrema izquierda internacional, que trabajan para el fracaso del actual régimen. Los primeros, porque tienen desesperación por retornar al poder para echar abajo sentencias condenatorias de los groseros actos de corrupción. Y los segundos, porque responden a estrategias multinacionales que buscan recuperar Brasil, ya lo han hecho con Perú, con un Presidente cuya intervención cantinflesca (con perdón de Mario Moreno) en la reciente reunión de la Celac en México, llena de vergüenza; y porque esperan captar Colombia, Ecuador y Chile. No importa que los experimentos de Venezuela, Argentina y Nicaragua sean desastrosos. Siempre habrá miles de ciudadanos que se encandilan con los discursos populistas y demagógicos que prometen el bienestar sin esfuerzo.

Si el gobierno de Moreno no cambiaba su política económica y no buscaba el apoyo del Fondo Monetario Internacional y los otros organismos multilaterales de financiamiento, el sector público habría caído en suspensión de pagos en 2020. Es decir, no habría tenido dólares suficientes ni tan siquiera para pagar policías, médicos, militares y profesores y atender las necesidades mínimas del sector público. El acuerdo con el FMI proveyó de alrededor de USD 6 500 millones, para atender esas obligaciones. Oponerse al acuerdo con el Fondo implica una ignorancia supina o una actitud antinacional, que raya en traición a la patria. Esta situación debe cambiar ahora, no mañana. El Gobierno de Lasso está en la obligación de adoptar las acciones que le permite la ley; y la ciudadanía, de apoyarle abiertamente. Si fracasa, ya se le tomarán cuentas.

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