Bajo el mando confiable de Julio César Trujillo, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio prosiguió con la evaluación de autoridades de control y la renovación de algunos organismos de la democracia. La última semana cesó en sus cargos a los nueve jueces de la Corte Constitucional. El Consejo de la Judicatura transitorio anunció también que evaluará a los 21 jueces de la Corte Nacional. ¡Enhorabuena!
Dentro de la necesaria evaluación de las instituciones, ¿pasará de agache la Asamblea Nacional? La Legislatura ha sido una función desprestigiada. Y la década pasada no ayudó a remediar el mal, sino lo agravó. La sumisión a Correa fue su síntoma más grave. Las principales iniciativas de la legislación provinieron del Ejecutivo que, en temas de discrepancia, impuso sus puntos de vista. Las capacidades colegislativas del presidente de la República apuntalaron su predominio en el resultado final de las leyes.
El papel de control quedó anulado. La mayoría oficialista de la Asamblea no cumplió su función fiscalizadora. En los excepcionales caso en que dio curso a un juicio político, este fue un disparo al aire, como la censura al contralor Pólit, que decidió cuando el funcionario se hallaba ya fuera de su cargo y prófugo de la justicia.
En los inicios del régimen, se intentó interpelar al contralor Pesántez. El presidente Correa salió en su defensa. Esta injerencia creó un precedente funesto. El mandatario impuso su voluntad y asumió el nada honroso papel de meter en vereda a integrantes de su mayoría oficialista en desmedro de la función fiscalizadora de la Asamblea. La actitud ovejuna de esa mayoría abonó el terreno para la desbocada corrupción de la década.
El acaparamiento de la representación, el bloqueo de las interpelaciones y la sumisión al Ejecutivo determinaron que la Legislatura perdiera peso e importancia y se convirtiera en una de las instituciones menos confiables. El país pasó de la estéril pugna del Gobierno y el Congreso a la subordinación de este a aquel. Los dos extremos han sido experiencias decepcionantes para la democracia.
Urge repensar la estructura de la Asamblea y su composición por la fórmula de asignación de escaños. ¿Cómo generar en ella un espacio de debate y negociación transparente entre las diversas tendencias políticas? ¿Cómo conseguir que no se repitan las pugnas, pero que tampoco se reedite la vergonzosa sumisión? ¿Es posible un sistema de cooperación independiente entre las dos funciones del Estado? ¿Se pueden mejorar la representación y el trabajo de la Legislatura con un menor número de asambleístas? ¿Será posible renovarlos a pesar de la congénita debilidad del régimen de partidos políticos? Solo la memoria ciudadana podrá conseguir que no pasen de agache tantos asambleístas alzamanos.