Thalía Flores y Flores
La superioridad moral de la que se creían poseedores impedía que cualquier mortal intentara contradecirlos. Sus decisiones habían de ser acatadas sin que los perjudicados pudiesen siquiera levantar la voz, so pena de ser escarnecidos. La Patria a la que le cantaban en las ceremonias poco les importaba. Total, su misión era complacer al poder del que hacían parte.
Prevalidos de estas condiciones, su tarea se redujo a armar concursos cuyos resultados se conocían de antemano. Por lo que intentar impugnarlos resultaba inútil y frustrante.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpscs) es el responsable de que este país haya tenido como fiscales de la Nación a ex embajadores, ex ministros y ex secretarios del presidente Correa, sin tomar en consideración que, llegado el caso, tendrían que juzgar al mandatario.
Los integrantes de este Consejo son aquellos que, sin ruborizarse, calificaron con 100/100 al contralor Carlos Pólit, de quien hoy se sabe comercializaba informes para empresas extranjeras. Y del que siempre se supo exigía firmar documentos a sus subalternos, pues ni siquiera residía en el Ecuador.
Estos mismos son los que integraron el Consejo Nacional Electoral del que, por su origen, todos desconfiaron en las pasadas elecciones. Y eligió un Consejo de la Judicatura, cuya gestión ha sido cuestionada, sobre todo por haber sancionado a jueces aplicando el “error inexcusable”, que es analizado en foros internacionales, por su aberrante concepto de que ningún juez puede fallar en contra del Estado.
Un reportaje de Teleamazonas, semanas atrás, refrescó la memoria colectiva al recordar el origen político de los integrantes del Cpccs. Ex candidatos y ex funcionarios del gobierno; esposos y esposas de asambleístas. Todos miembros de Alianza País, prestos a la genuflexión.
Resulta hilarante que consejeros que saben se aproxima el fin de sus privilegios, hablen, hoy, de demandas para oponerse a que se consulte al pueblo.
La Consulta Popular, el 4 de febrero de 2018, es la gran oportunidad para desarmar este Consejo que desmovilizó a la sociedad, desarticuló la participación ciudadana y promovió a los cargos de control solo a quienes confirmaban su ADN correista.
Ante un país saqueado y sojuzgado, los desafíos del presidente Lenín Moreno son inmensos y no puede equivocarse. Menos en la selección de los integrantes del Consejo de Transición que evaluará las funciones del fiscal, contralor, procurador, defensor del pueblo y superintendentes, hasta ir a una nueva elección, que significará reedificar la institucionalidad del país. Pedir los mejores nombres a las organizaciones de la sociedad civil puede ser una clave, para que no se infiltre gente reñida con la ética y hasta la estética política. Aquí no hay lugar para yerros, ni tiempo para ensayos. Hay que acertar en los nuevos nombres y arrinconar a los genuflexos.